SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la concesión de ayudas por valor de más de 964.000 euros que respaldan la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad. Entre las trece entidades andaluzas que se benefician de estas subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022 se encuentran tanto Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (DO) como fundaciones, organizaciones y asociaciones que difunden las cualidades de productos cárnicos y de panadería, vinos, vinagres, bebidas espirituosas, legumbres y dulces.
Según ha apuntado la Junta en un comunicado, a estas ayudas se suman incentivos por valor de 866.200 euros concedidos para el mismo fin a trece entidades del sector del olivar; es decir, ligadas a la promoción de aceites de oliva virgen extra y aceitunas andaluzas amparadas por una DO o Indicación Geográfica Protegida (IGP).
De esta forma, el Gobierno andaluz moviliza más de 1,8 millones de euros que contribuyen a la consolidación y mejora de la comercialización de los alimentos y bebidas con calidad diferenciada de Andalucía a través del máximo aprovechamiento de su potencial competitivo. Para ello, es preciso dar a conocer a la sociedad su valor añadido en unos mercados cada día más exigentes.
En concreto, la Junta subvenciona con esta línea la ejecución de planes de promoción que pueden incluir tanto campañas de publicidad como la elaboración de material promocional, dossieres monográficos divulgativos o estudios e informes de mercado.
Además, las ayudas respaldan también, entre otras acciones, la organización de catas, degustaciones, presentaciones de productos y promociones en puntos de venta y facilitan la participación en ferias o exposiciones temporales al contribuir con los gastos de promoción.
El límite al que pueden ascender estas ayudas, que cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y las administraciones regional y estatal, es de 200.000 euros por beneficiario salvo en el caso de que los consejos reguladores que gestionen más de una denominación. En este caso, el máximo se eleva hasta los 300.000 euros.
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