MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
PSOE y Unidas Podemos siguen avanzando en las negociaciones para el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y apuran la concreción del contenido del mismo hasta alcanzar el acuerdo, que encuentra en el tema de la vivienda la principal diferencia que separa a los dos socios del Gobierno de coalición.
Desde Unidas Podemos continúan insistiendo en la congelación de los alquileres en la renovación de contrato y la cuota de las hipotecas variables. En el seno de la coalición si habría avances en otras materias, como un cheque de ayuda a familias –con una cuantía todavía sin determinar— y otras medidas relacionadas con el transporte público.
El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el 1 de enero y recogerá medidas para hacer frente a la escalada de los precios de los alimentos.
Tras la que será la última reunión del Consejo de Ministros de 2022, está previsto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios de comunicación para explicar el paquete de medidas anticrisis y para hacer balance de un año marcado por la guerra iniciada por Vladimir Putin en Ucrania y por la escala, a niveles históricos, de los precios tras el estallido del conflicto.
Pese a que en los últimos meses España ha conseguido moderar la subida de precios y ya es el país con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Ejecutivo ha decidido impulsar un tercer paquete de apoyo para hacer frente a la coyuntura actual, en el que se incluirá la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiran el 31 de diciembre y otras nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra.
Una de las iniciativas nuevas que mayor fuerza cobra para incluir en el decreto ley que será aprobado por el Consejo de Ministros del próximo martes es la rebaja el IVA a determinados productos de la cesta de la compra, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza de la inflación.
Fuentes conocedoras de las negociaciones han explicado a Europa Press que están abiertas todas las posibilidades, si bien la que, al parecer, tiene más opciones de salir adelante es la rebaja del IVA en algunos alimentos que tienen una fiscalidad del 10%, entre ellos el pescado, y que podría bajar al 4%.
REIVINDICACIONES DE PODEMOS
No obstante, el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este lunes que el PSOE “se resiste” a las medidas que propone su formación en la negociación que mantienen en el seno de la coalición para las medidas del escudo social de la prórroga del decreto anticrisis, que se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros.
UP quiere que el Real Decreto-ley apruebe la congelación de los alquileres en la renovación de contrato y la cuota de las hipotecas variables, incluya el despliegue de un cheque ayuda de 300 euros para parte de los hogares del país de cara a aliviar el alza del precio de la cesta de la compra y aumento el descuento en transporte del 30% al 50%, ha recordado Echenique en su cuenta de Twitter. “Pero el PSOE se resiste. Seguimos”, ha añadido el portavoz de UP en el Congreso.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha exigido en redes sociales medidas para hacer frente al alquiler. “El principal gasto de las familias en nuestro país es la vivienda. Toca darles tranquilidad a ellas y no a los fondos buitres. Nosotras lo tenemos claro: urge actuar en materia de alquileres”, ha escrito en redes.
En este contexto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido que se incluya en el Real Decreto-ley de medidas anticrisis la congelación del precio del alquiler y evitar así la especulación. Ha lamentado que en las grandes ciudades los alquileres están “completamente desbocados y amenazan a miles y miles de familias, no solo a la gente más joven y a la gente con más bajos ingresos, sino también a las clases medias”.
“No sé qué pasa con la vivienda, que al PSOE siempre le flaquean las piernas cuando hay que enfrentarse a fondos buitre y especuladores, y ya es hora de hacerlo”, ha cuestionado Colau en un vídeo publicado en redes sociales.
PRÓRROGA DE MEDIDAS ACTUALMENTE EN VIGOR
Aunque el Ejecutivo no ha contemplado casi ninguna medida de prórroga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, fuentes del Ministerio de Hacienda asumen que se tendrán que prorrogar “bastantes medidas” actualmente en vigor.
La única excepción que se incluye en las cuentas públicas del próximo año es la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.
Entre las medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán destaca el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, después del acuerdo del Gobierno con EH Bildu para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
En materia fiscal, el Gobierno impulsó una batería de medidas destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz. Destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Todas estas rebajas fiscales dirigidas a moderar las subidas en elprecio de la electricidad supusieron entre enero y octubre una merma de los ingresos tributarios respecto al año pasado de 6.436 millones, según el último dato actualizado por la Agencia Tributaria en su informe mensual de recaudación.
Cabe recordar también que en el segundo paquete de medidas aprobado en junio, el Gobierno incluyó el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.
Además, una de las medidas más cuestionadas está siendo la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible. Aunque el Gobierno no ha dejado totalmente claro qué es lo que sucederá con este descuento, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que se trata de una medida controvertida por su impacto fiscal y por beneficiar a quien tiene coche y no a las clases más vulnerables.
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