MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales han asumido las dificultades para que se pueda alcanzar un acuerdo sobre la segunda fase de la reforma de pensiones antes de que concluya este año, por lo que tendrán que proseguir las negociaciones en el mes de enero.
Así lo trasladaron a Servimedia fuentes del diálogo social que, además, recordaron que para esta última semana del año no hay, por ahora, fijada una nueva fecha de reunión entre Seguridad Social, CEOE, UGT y CCOO.
El último en hablar públicamente sobre esta cuestión fue el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que auguró que “la negociación, en ningún caso, va a acabar antes de final de año”. ya que “esto va muy lento”. Fuentes de la patronal y de UGT también reconocían, hace algunos días, que era ya prácticamente imposible que pueda haber un acuerdo en esta materia.
El Gobierno trasladó a la Unión Europea, en el marco de los compromisos adquiridos para la recepción de fondos europeos Next Generation, que la segunda pata de la reforma de pensiones estaría aprobada antes de que acabara 2022. Incluso a comienzos de diciembre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantenía que era posible el acuerdo y que las discrepancias expresadas por los agentes sociales son el “clima” habitual en este tipo de negociaciones.
No obstante, conforme el plazo se iba agotando, fuentes gubernamentales han quitado gravedad a que finalmente la reforma de pensiones se apruebe algunas semanas después en aras a intentar lograr un pacto. De hecho, ya la modificación del sistema de cotizaciones de autónomos se aprobó el 26 de julio de este año, cuando el compromiso con Bruselas era el 30 de junio y se pudo lograr finalmente el acuerdo con los agentes sociales y las tres principales asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae).
PROPUESTA
A mediados de diciembre se produjo el último encuentro entre Seguridad Social y los agentes sociales, en el que el Ministerio mantuvo el grueso de su propuesta para la última fase de la reforma de pensiones, a la que sindicatos y patronal volvieron a expresar su rechazo, aunque por motivaciones diferentes.
Sigue así sobre la mesa el planteamiento del destope de las bases máximas de cotización y de la pensión más elevada, aunque esta última por debajo del aumento de las cotizaciones, con el fin de que pueda salir reforzado el sistema.
El Ministerio también defiende ampliar el período de cálculo de la pensión, pasando de 25 a 30 años, pero eliminando los dos peores ejercicios de la carrera profesional.
Eso sí, Seguridad Social puso sobre la mesa en la última reunión nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo, según fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá.
El Ministerio también planteó mejoras en la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. También se propone elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual.
POSTURAS ENCONTRADAS
Los sindicatos comparten, en líneas generales, las medidas que el Gobierno está poniendo sobre la mesa, pero creen que la modificación del período de cálculo está “distorsionando” la negociación. Únicamente se abrirían a valorar esta medida si existiera consenso político para que luego pudiera salir adelante, lo que ahora, avisan, “no existe”.
De hecho, subrayan que es ahora cuando va a terminar de entrar plenamente en funcionamiento el aumento del período de cómputo de los 15 a los 25 años, aprobado en la recta final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y recuerdan que abordar nuevamente esta cuestión no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque sí de los compromisos del Ejecutivo con la Unión Europea.
Por su parte, fuentes de CEOE también recuerdan que no existe consenso político para ampliar el período de cómputo, aunque no critican expresamente la medida. A juicio de los representantes empresariales, el principal problema de la reforma de Escrivá radica en el aumento de costes que va a suponer para las empresas por el aumento de las cotizaciones, viéndose así afectado el mercado laboral.
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