MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) recibió este miércoles con buenos ojos la introducción de una evaluación anual del desempeño laboral de los funcionarios, como viene recogido en el anteproyecto de ley de Función Pública aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta.
“Aplaudimos que, tras más de una década de retraso, se extienda la evaluación del desempeño al modelo general de empleo público, que por otra parte ya se está aplicando desde hace años y con éxito en la Administración Tributaria”, indica el colectivo en un escrito de comentarios sobre la nueva legislación.
Sobre la ley, IHE se muestra a favor de “todos” los principios generales que incluye, aunque advirtió de que “la bondad o no de los mismos dependerá de su desarrollo y de su plasmación a través de los reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones”. En este sentido, advirtió de que se deja en manos del Gobierno “la plasmación práctica de las medidas, lo cual no es lo más deseable”.
Por otro lado, los inspectores de Hacienda saludaron que se regule la carrera profesional horizontal para el ámbito general y calificaron de “apropiados” los nuevos complementos salariales “en la medida en que su desarrollo normativo garantice su objetividad, transparencia e igualdad de acceso a los mismos”.
En relación a la regulación del personal directivo público profesional, que se aplicará a los titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen a éstas, sí mostraron más reticencias.
En este sentido, subrayaron que la ley no los reserva con exclusividad a funcionarios de los cuerpos y escalas del grupo A1 (actual cuerpo directivo de la Administración), sino que permite que se recurra a contratos de alta dirección para “fichar” a otras personas, “lo que podría abrir la puerta a la extensión del componente político en la Administración”.
“Esto es un gravísimo error, ya que los intereses públicos deben estar defendidos por funcionarios públicos, obligados por el mandato constitucional de servir ‘con objetividad los intereses generales’ y sometidos a un estatuto y a los principios de mérito y capacidad en el acceso a su puesto, con las correspondientes incompatibilidades e imparcialidad inherentes a su función”, señalaron parafraseando el artículo del 103 Constitución Española.
“Cualquier desviación de estos principios básicos, introduciendo en las cúpulas directivas de la administración a personas que puedan ser designadas por afinidad ideológica, supondrá introducir el nepotismo y la politización en la función pública”, añadieron.
En este contexto, opinaron que la información transmitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública son “cambios definidos a grandes rasgos y de modo muy genérico”. Por ello, esperarán a conocer el anteproyecto “para realizar un análisis pormenorizado de su contenido”.
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