MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles renovar los nombramientos en comisión de servicio de 38 jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y juristas para desempeñar funciones como letrados coordinadores y letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo durante todo el año 2023 ante la situación de bloqueo que vive su renovación que impide que realice nombramientos en la cúpula judicial.
Este acuerdo se ha aprobado después de que lo pidiera la Sala de Gobierno del Supremo que, a la vista del vencimiento de las comisiones de servicio el próximo 31 de diciembre, solicitó al CGPJ su renovación durante un año más, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
La decisión de la Comisión Permanente cuenta con los informes favorables del Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces y del Ministerio de Justicia, relativo el de este último a la habilitación de la partidaeconómica necesaria.
Cabe recordar que esta medida de refuerzo se realizó tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos, impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. El Supremo pidió en febrero este apoyo con el objetivo de hacer frente al aumento de la carga de trabajo.
Las comisiones de servicio aprobadas servirán para cubrir 15 plazas del área Civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (cinco de ellas de letrados coordinadores); 9 del área de Contencioso-Administrativo (cuatro de ellas de letrados coordinadores); 7 del área Social (dos de ellos letrados coordinadores); 1 letrado coordinador en el área Militar y Salas Especiales; y 6 plazas de letrado en el área Penal.
EL INFORME DE NOVIEMBRE
Fue en noviembre de 2022 cuando la Comisión Permanente encargó al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (TS) que emitiera un informe sobre el “impacto” que tiene sobre “cada una de las salas” del Alto Tribunal “la imposibilidad legal” del de efectuar nombramientos discrecionales. Y en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal –a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato– en el resto de salas la situación se definía como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.
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