MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Comité Permanente de Asistencia Sanitaria (COMPAS) del Comité de Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha elaborado un informe técnico en el que establece las condiciones de carácter profesional que deberían servir de base a un acuerdo que permita acabar con la huelga de casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre.
El informe de este órgano aboga así por la necesidad de “un plan financiero/presupuestario” para atender a las medidas propuestas de mejora de la Atención Primaria y su implementación en el tiempo y la creación de una Comisión Mixta entre la Administración, el ICOMEM y sociedades científico-médicas para los aspectos profesionales a adoptar, “con exclusión de los laborales, que corresponden al ámbito sindical”.
Una reunión que se produce después de que la Junta Directiva del ICOMEM hiciera un llamamiento a desconvocar la huelga ante los “avances significativos” por parte de la Consejería de Sanidad y ante una huelga que no beneficia ni a profesionales ni a pacientes. El COMPAS ya trasladó su postura ante los paros indefinidos en un comunicado hecho público el pasado día 5 en el que subrayaba la necesidad de “renovar la confianza” entre los médicos de Atención Primaria y la Comunidad de Madrid.
En este informe técnico publicado este lunes, se proponen “las condiciones de carácter profesional que deberían servir de base a un acuerdo entre las partes en conflicto en aras del primer principio delprofesionalismo médico: la primacía del bienestar para el paciente”. Entre ellas, pone el acento en la necesidad de garantizar el objetivo de dedicar, como promedio, al menos 10 minutos por consulta médica, cubrir el 100% de las plazas de médicos de familia y pediatras, eliminar la carga burocrática, mejorar las instalaciones y equipos.
“Este Comité no puede pronunciarse sobre los aspectos laborales de la negociación entre las partes, pues corresponde al ámbito sindical. Sin embargo, se debe advertir de que las condiciones laborales son relevantes para evitar que médicos de AP formados en la CM se vayan a otras Comunidades Autónomas o a otros puestos de trabajo”, aclara en el documento.
Sí aboga por un plan financiero y una Comisión Mixta que “no solamente realice un seguimiento de los acuerdos sino que colabore con la administración en la elaboración de las políticas para alcanzar los objetivos propuestos”. “Esta Comisión Mixta debería rendir información mensual sobre los avances tanto a los médicos de AP como al conjunto de la ciudadanía”, ha indicado.
BASES PARA UN ACUERDO
Entre otras medidas, apuesta por garantizar “al menos 10 minutos de media por visita” y actuar sobre el denominado exceso de pacientes en las agendas –el paciente número 35 y sucesivos– con el objetivo de que se puedan atender todas las demandas de sus pacientes “sin que se recurra a un exceso de citados en la agenda, ni se deba dedicarse más del 70% del tiempo total de jornada de trabajo para atender dichas consultas”.
“Además, es necesario reservar 30 % restante de la jornada a actividades de formación, docencia, investigación, organización y actividades comunitarias”, indica.
En esta línea, también apela a medidas para aumentar su capacidad de resolución de los problemas de salud, “lo que evitaría demoras, consultas sucesivas y remisiones a especialistas hospitalarios”. “En los casos en donde pueda existir una duda razonable se podrían hacer experiencias piloto y generalizar aquellas con resultados positivos”, apostilla.
Al hilo, insta a mejorar la gestión del tiempo mediante la racionalización de los protocolos de la patología crónica, la adecuación del trabajo del resto del personal de los equipos, la utilización de las tecnologías de la digitalización y la introducción de sistemas de cribado que dirijan al paciente al lugar más adecuado para su estado de salud.
ACABAR CON LA “SOBRECARGA BUROCRÁTICA”
Defiende actuar para acabar con la sobrecarga burocrática, tareas que, analizando el tipo de visitas que existen en la mayoría de los centros de salud, suponen un 40% –otro 40% a la patología crónica y un 20% a nuevos problemas y pacientes–. “Desde una perspectiva bioética la burocracia produce un desgaste moral e impide que la medicina de familia ofrezca el bien específico que le corresponde”, argumenta.
Igualmente, se apuesta por cubrir el 100% de las plazas de médicos de familia y pediatras, ya que actualmente un 20-25% de la plantilla médica de ambas especialidades conlleva que un importante porcentaje de la ciudadanía no tenga médico fijo asignado, así como una sobrecarga sobre el resto de los profesionales, “produciéndose en ambos casos un importante deterioro en la asistencia sanitaria”. “Garantizar la continuidad asistencial no solamente mejora la salud de los ciudadanos, sino que es costo-eficiente”, defiende.
También cita la necesidad de “prestigiar a los profesionales” y mostrar a la población la labor de los profesionales de AP y reducir las agresiones (físicas o verbales) y/o la animosidad contra estos profesionales. “Una campaña elaborada por la Administración en colaboración con el ICOMEM, dirigida a educar a la población, puede contribuir a la disminución de esta demanda asistencial”, alega.
Como “elemento importante para prestar una adecuada asistencia” recalca la importancia de disponer de “unas instalaciones y equipamiento apropiados”. “La información disponible señala que existe un notable deterioro de algunas instalaciones y equipamientos, así como déficits”, por lo que aboga por “un estudio pormenorizado de la situación en cada consultorio y centro de salud, determinar prioridades y elaborar un plan de inversiones para corregir esta situación en el menor tiempo posible, así como la construcción de nuevos centros, iniciándolo por las necesidades más urgentes”.
“Somos conscientes de que no es posible, si se alcanzaran los acuerdos en los que estuvieran incluidas estas propuestas, implementarlos de la noche a la mañana. Por otra parte, entendemos que la implementación de las propuestas recogidas en este informe precisará de la colaboración de las entidades profesionales (ICOMEM y sociedades científico-médicas) para el análisis, evaluación y concreción de las medidas que lleven al logro de los objetivos mencionado”, zanja.
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