MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Vox registró este lunes en el Senado un veto para evitar el “asalto” del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC), así como la rebaja de los delitos de sedición y malversación que se pretende conseguir con la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que se debatirá esta semana en el Pleno de la Cámara Alta.
El veto de la formación de Santiago Abascal se refiere a las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica con las que el Ejecutivo pretende modificar la designación de los magistrados integrantes del TC, así como a las competencias que para tal designación la Constitución atribuye al máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las modificaciones propuestas “son manifiestamente inconstitucionales, por infringir el artículo 159.3 CE, que dispone que la renovación del Tribunal Constitucional se realizará por terceras partes”, según Vox.
“Puesto que los cuatro que ahora deben renovarse deben ser designados por Gobierno y CGPJ, tales nombramientos deben realizarse por ambos órganos simultáneamente, y no unilateralmente por ninguno de ellos, ya que entonces sería una renovación de una sexta parte”, explican los senadores de Vox, quienes denuncian que se trata de “uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español”.
La formación advierte, además, en el documento remitido a la Cámara Alta, de que la proposición de ley orgánica “debe rechazarse por motivos de fondo”, ya que la iniciativa legislativa tiene por objeto la modificación y la supresión de tipos penales, cuyo bien jurídico protegido es el orden público.
Además, Vox recuerda “el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en 2017”, donde estos tipos penales “se revelaron extremadamente útiles para la protección de bienes jurídicos aún más importantes: la unidad nacional y el orden constitucional”. Por ello, advierte de que “teniendo en cuenta tales antecedentes, la supresión o, en su caso, modificación atenuante de los elementos del tipo delictivo puede suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de derecho”.
Los tres senadores de Vox, José Manuel Marín, Yolanda Merelo, y Pepa Millán denuncian en su veto que la iniciativa del Ejecutivo tiene como objeto “fines partidistas que únicamente pretenden conseguir los votos necesarios para que el Gobierno de España pueda mantenerse en el poder lo que resta de legislatura”.
“Tal es el propósito de la rebaja de las penas asociadas a los tipos delictivos vinculados a los hechos acaecidos en Cataluña los meses de septiembre y octubre de 2017, como también lo es permitir que vuelvan a España las personas que huyeron de la Justicia por hechos que, de aprobarse esta iniciativa legislativa, carecerían de relevancia penal”, añade.
En su escrito, los senadores de Vox desmontan también el argumento “falso” utilizado por el Gobierno de que con esta reforma “se adapta la normativa penal a los ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno, así como modificarla tras dos siglos de legislación penal obsoleta”.
“Las criminales acciones separatistas perpetradas en Cataluña en 2017 pusieron en evidencia la necesidad de que el ordenamiento jurídico español disponga de los recursos legales pertinentes para erradicar tales desafíos a la existencia misma de España como Nación”, señala el escrito.
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