SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), se ha pronunciado este lunes ante “el grave cariz de los acontecimientos” surgidos tras las últimas iniciativas legislativas emprendidas por el Gobierno para reformar los delitos de malversación y sedición, que considera “no han hecho más que violentar la seguridad jurídica y estabilidad” del ordenamiento actual y han puesto “en grave peligro presentes y futuras inversiones, tanto foráneas como nacionales o regionales”.
La Asociación ha apuntado en un comunicado que emite esta opinión tras reunirse la semana pasada su junta directiva, que acordó expresar algunas consideraciones sobre estas reformas dado que, a juicio de Cesur, “indudablemente repercutirá negativamente en la ansiada recuperación económica sostenible y del empleo”.
En este sentido, han apuntado que “una de las características por las que se han desarrollado tanto las democracias occidentales ha sido en gran parte por la seguridad jurídica que se ofrece a los inversores” y que estas modificaciones legislativas, realizadas “de forma acelerada”, “siembra alarma y desconfianza en cualquier inversor, al quebrar principios básicos del derecho, como es la previsibilidad del ordenamiento jurídico, que da estabilidad al desarrollo económico y social”.
También creen que se alimenta con ellas “la inseguridad jurídica” y “se violenta la mencionada previsibilidad en el ordenamiento, introduciendo continuos cambios en las normas de carácter laboral, así como en la incorporación de nuevos impuestos de dudosa eficacia para las arcas públicas, como es el mal denominado impuesto sobre las grandes fortunas”, todo ello “basándose en una armonización fiscal” que entienden es “inexistente” en la actualidad.
“Más bien resulta, a todas luces evidente, por la simple ecuación de causa y efecto, que ha pretendido anular la iniciativa de varias comunidades autónomas, que pretendían incentivar con ese instrumento –que le otorga la ley a las Comunidades Autónomas– la inversión y un mayor desarrollo económico en sus respectivos territorios”, han agregado los empresarios.
Asimismo, Cesur ha apuntado que “no menos importante es la pretensión del Gobierno de interferir en la separación de poderes del Estado, irrumpiendo en el ámbito judicial para nombrar a los máximos representantes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial”.
“Los empresarios, como cualquier ciudadano, y como parte esencial en el buen desarrollo económico y social de un país, no podemos permanecer pasivos y callados ante semejantes actuaciones”, han aseverado en su nota de prensa, en la que piden “serenidad y reflexión” a los poderes públicos y políticos para “rectificar todas las actuaciones que induzcan a debilitar la seguridad jurídica”, así como a “pensar en el bien común de todos los ciudadanos de España y en un futuro de paz y prosperidad”.
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