MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, hizo este lunes un “llamamiento a la cordura y responsabilidad de los magistrados” del Tribunal Constitucional porque “no solo están dirimiendo una cuestión de ley sino la propia legitimidad y la capacidad de reputación de este órgano en el futuro”.
Montero, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, alertó de las consecuencias “sin precedentes” que se producirían si el TC resuelve a favor del recurso del Partido Popular, que analizan esta jornada en Pleno, y paraliza la tramitación en el Senado de la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos para renovar el propio TC.
“Se trata de una crisis que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia” en la que espera, dijo la ministra, que se “imponga la cordura, el sentido común, porque sería un desgaste tremendo para todas las instituciones” que se produzca un hecho que calificó de “muy grave” por los “precedentes” que asentaría.
Por ello, pidió al PP que “ya está bien de tensionar a este país”, que “deje ya de estar permanentemente tensionado y permanentemente, en vez de arrimar el hombro, estar intentando crear mayores problemas y conflictos a los ciudadanos”.
Denunció Montero que “no hay ningún tipo de justificación” que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo lleve “más de 1.400 días bloqueando” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por ende, del TC.
De hecho, lanzó la pregunta de por qué el PP considera que “les favorece esas mayorías” asentadas de los poderes judiciales y las funciones de estos órganos que les parecen “tan importante al Partido Popular para mantener esas mayorías al punto de bloquear y poner en una crisis institucional sin precedentes al país”. Mientras, aseguró, “el Gobierno lo único que pretende es que se cumpla la Constitución y cumplir es renovar el COGPJ y la designación de los magistrados del TC”.
La ‘número dos’ del PSOE admitió que hay “preocupación” por cómo se va a desarrollar el día de hoy pero que el “Ejecutivo no va a especular” sobre futuribles ante “un hecho tan grave, porque confiamos en que los magistrados del TC ni se sujeten a presiones y entiendan que tienen que velar por la reputación del propio órganos constitucional que es fundamental para dirimir elementos de nuestra vida cotidiana”.
“Yo espero que esa situación no se produzca nunca” y la norma continúe la tramitación. Pero reconoció que “a lo largo del día de hoy” estarán “muy pendiente de todo lo que ocurra y, en función de la determinación final, el Ejecutivo trasladará, igual que entiendo que el legislativo (los diputados) que así entendamos que se han conculcado nuestros derechos también lo haremos”, su posición ante la decisión del TC.
Recordó que el PSOE ya ha acudido al TC porque cree que dos magistrados son “parte interesada y deberían abstenerse” (el presidente Pedro José González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez Rodríguez) y porque -y lo volverían a hacer- los diputados entienden que “nuestros derecho están siendo conculcados, si se produjera la parálisis de una norma”.
Y alertó de que como “nunca se había producido un intento de atropello, tan importante para nuestra democracia, en la sede de la soberanía popular”, esto “provocaría una crisis que tendría difícil solución y marcaría precedente muy grave”, reiteró la ministra.
“Lo que estamos haciendo es sacar del secuestro a estas instituciones que el PP tenía sujetadas a una renovación por un simple interés partidista”, resumió la ministra, como el objetivo principal de la reforma que está en vilo por el recursos de los populares y que ya se encuentra en trámite en el Senado tras el visto bueno la semana pasada en una reforma exprés en el Congreso.
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