La votación llega tras la adopción de una nueva Constitución y otra ley electoral como parte de la ‘hoja de ruta’ de Saied
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La población de Túnez está llamada nuevamente este sábado a las urnas para unas elecciones legislativas anticipadas que serán las primeras desde que el país adoptara una nueva Constitución, impulsada por el presidente, Kais Saied, tras arrogarse en 2021 todas las competencias y en medio de las denuncias opositoras por su deriva autoritaria.
Saied anunció en julio de 2021 la disolución del Gobierno y la suspensión del Parlamento, posteriormente disuelto, en el marco de lo que describió como una respuesta a las protestas por la crisis política y económica, desatando las críticas del partido islamista Ennahda –mayoritario en el organismo legislativo– y otras formaciones y provocando la alarma entre diversas organizaciones civiles.
El presidente, que posteriormente nombró a Najla Buden Romdhane como nueva primera ministra, ha aplicado unas medidas que fueron consolidadas en el referéndum constitucional de julio, boicoteado por la oposición y que derivó en una expansión de los poderes de la Presidencia y una reducción de la relevancia del Parlamento.
Así, las legislativas figuran como la culminación de la ‘hoja de ruta’ puesta en marcha por el mandatario, que incluye una nueva ley electoral que reduce el papel de los partidos políticos y que implicará que los votantes elijan a los candidatos en las parlamentarias de forma individual, en lugar de una lista de partido.
La legislación exige que cada candidato se presente como independiente y presente 400 firmas de respaldo, lo que ha reducido el número de candidaturas, especialmente entre las mujeres debido a los obstáculos sociales en muchas zonas por las tradiciones conservadoras, según afirma el ‘think tank’ Washington Institute.
De hecho, el número de candidatos supera escasamente el millar, con 122 mujeres, mientras que las circunscripciones han sido redibujadas por las autoridades, lo que implica que algunas tengan únicamente un candidato o incluso no puedan presentar candidato alguno. La ley electoral fue además enmendada para permitir el cese de parlamentarios considerados “negligentes” en sus funciones, si bien las peticiones en este sentido sólo pueden tener lugar una vez durante su mandato y dentro de los seis últimos meses del mismo,
Estas medidas han llevado a muchos partidos a denunciar un clima represivo como parte de sus argumentos para abogar por el boicot de la votación, como ya hicieran en el referéndum constitucional, que contó con una participación muy baja. De repetirse esta situación, dañaría aún más la credibilidad del Parlamento que salga de las urnas.
AUMENTO DEL DESCONTENTO
Este descontento está alimentado, además de por las acciones de Saied –respaldadas por parte de la población–, por lo que es considerado como una corrupción e incompetencia generalizada entre las élites ante la falta de avances palpables desde la ‘Revolución de los Jazmines’ de 2011.
El levantamiento popular, catalizado por la decisión del joven Mohamed Buazizi de inmolarse a lo bonzo tras la incautación de su puesto de venta ambulante, se saldó con el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine ben Alí, que ascendió al poder en 1987 y estuvo marcado por la corrupción y los abusos de los Derechos Humanos.
A pesar de que la celebración de elecciones tras la caída de Ben Alí y la puesta en marcha de un proceso de democratización y reforma situaron a Túnez como ejemplo en el marco de la ‘Primevera Árabe’ –en contraste con el estallido de conflictos y la deriva regresiva en países como Siria, Libia o Egipto–, las principales reclamaciones no se han visto satisfechas.
De hecho, la escena política ha estado marcada desde entonces por una cuasi parálisis a nivel del Parlamento debido a lo fragmentado del organismo y lo enconado de las disputas entre los diversos partidos políticos, lo que ha impedido la materialización de verdaderas reformas y la mejora de la calidad de vida de la población.
En este contexto, Saied aseguró tras arrogarse todas las competencias que empezaba un proceso de “corrección” para impulsar medidas que hicieran realidad las exigencias de la población, si bien en el año y medio que ha pasado desde entonces se acumulan los problemas a nivel económico y se suceden las protestas por la crisis.
La situación económica en Túnez, afectada por la caída del turismo tras los atentados terroristas en 2015, se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus y el aumento de los precios de los productos básicos por la guerra en Ucrania, en medio de las continuas denuncias de regiones del sur por la marginación que sufren a pesar de sus riquezas a nivel de recursos naturales.
LAS ÚLTIMAS PROTESTAS
El creciente descontento por la situación interna, marcada por la inflación y el desempleo tuvo su reflejo en una serie de manifestaciones y disturbios a mediados de octubre en la capital, Túnez, después de que un joven muriera a manos de la Policía tras una persecución.
Asimismo, se registraron protestas en Zarzis después de que las autoridades enterraran en tumbas no identificadas a los muertos tras el hundimiento de una embarcación con la que intentaban llegar a costas europeas. El país se ha convertido en uno de los principales punto de tránsito de migrantes y cada vez más tunecinos recurren a esta travesía para escapar del país.
La situación llevó a Saied a anunciar una investigación y prometer medidas para hacer frente a la situación ante las denuncias sobre la represión policial de este tipo de protestas, que podrían reflejar un mayor temor del presidente al malestar entre la población que entre los partidos políticos, según el citado ‘think tank’.
De hecho, las recientes movilizaciones convocadas por los partidos para denunciar su deriva autoritaria no han derivado en respuesta institucional, a pesar de que la coalición de partidos y organizaciones Frente de Salvación Nacional ha llegado a apelar por crear un gobierno paralelo de cara a la convocatoria de elecciones “libres” que pongan fin al mandato de Saied.
Por contra, las autoridades han abierto numerosos procedimientos contra altos cargos de Ennahda –entre ellos su líder, Rachid Ghanuchi, y el ex primer ministro Alí Laarayed– y otros partidos por supuestos casos de corrupción e incluso por su presunto papel en el envío de yihadistas a Siria. Ennahda ha denunciado en varias ocasiones una persecución política y ha llamado a sus miembros y seguidores a movilizarse, si bien parte de la población se muestra escéptica ante el partido islamista por su peso preponderante en los gobiernos surgidos tras la caída de Ben Alí y los escasos avances obtenidos en este periodo.
Sin embargo, Fazi al Hakimi, coordinador general del Movimiento 25 de Julio, que respalda a Saied, ha hecho un llamamiento a la participación para lograr que la votación sea “un éxito” y demostrar a la comunidad internacional que Túnez “es un país democrático pese a la demonización y las afirmaciones de los críticos con el movimiento, que fueron derribados después de que el pueblo se levantara contra ellos”.
Así, de las urnas saldrán los integrantes de la Cámara Baja del Parlamento, que ha pasado a ser bicameral tras la adopción del referéndum constitucional. La Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), cuenta con 161 diputados –menos de los 217 existentes anteriormente– que son elegidos de forma directa para mandatos de cinco años.
Por su parte, los miembros de la Cámara Alta, conocida como Asamblea Nacional de Regiones y Distritos (NARD), serán elegidos de forma indirecta en una fecha aún por determinar. Estas personas serán designadas directamente por los consejos regionales electos. A las urnas están convocadas más de 9,3 millones de personas, según datos de la comisión electoral, que ha hecho un llamamiento a una alta participación.
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