MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El Grupo Parlamentario de Vox urgió este viernes tanto al Tribunal Constitucional (TC) como a la Mesa del Senado para que frenen el “golpe institucional” que a su juicio está dando el Gobierno con la reforma del Código Penal que pretende eliminar el delito de sedición, reformar el de malversación y modificar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, según indica Vox en una nota, ha solicitado ante la Sala Primera del TC “la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado, en tanto no se resuelve el recurso de amparo, para evitar los perjuicios irreparables que de continuarse la tramitación, y votarse en el Senado, se producirían con advertencia de que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada”.
En su recurso, Vox afirma que “el evidente fraude de ley se aprecia, pues, por un lado, al emplear un procedimiento legislativo inadecuado, el de Proposición de Ley Orgánica, en vez de Proyecto de Ley Orgánica, con la exclusiva finalidad de eludir el debate parlamentario y la intervención de todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales, y todas las garantías legales” que deben acompañar el proyecto de ley.
Sobre la renovación de los miembros del TC y del Poder Judicial planteada por el Gobierno, el partido de Santiago Abascal asegura que “las modificaciones propuestas de la composición del Tribunal Constitucional y del CGPJ van dirigidas al control gubernamental de tales órganos”, y también “a privar al Tribunal Constitucional de la competencia lógica y constitucional de verificar los requisitos formales e idoneidad de los Magistrados propuestos por los órganos que recoge el art. 159 CE”.
Para Vox, el trámite actual propicia que “la renovación de los magistrados del TC no se haga por terceras partes cada tres años, como exige el art. 159-3 de la Carta Magna, sino por sextas partes, y eliminando la verificación de las exigencias formales y materiales en cuanto a los propuestos”.
Asimismo, advierte de que “la finalidad de este desmontaje de los elementos que dotan de control y equilibrio a la democracia no es otro que, ya sin impunidad ni responsabilidad penal alguna, permitir que se atente contra la configuración de España establecida en el artículo 2 de la Constitución”, que declara “la indisoluble unidad de la Nación española”.
ESCRITO A LA MESA DEL SENADO
Por otra parte, los tres senadores de Vox José Manuel Marín, Yolanda Merelo y Pepa Millán han solicitado a la Mesa del Senado “la inmediata suspensión de la tramitación prevista de la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.
Estos senadores aseguran en el escrito que en la sesión de ayer se vieron privados del procedimiento reglamentariamente previsto, “y compelidos a intervenir en un procedimiento legislativo inadecuado […] que supone la supresión de una serie de trámites, restringiendo indebidamente nuestras facultades de participación en la formación de la voluntad de la Cámara”.
Vox acusa, además, a la Mesa de la Cámara de haber aceptado así “el evidente fraude de ley procedimental, lo que supone una restricción y perturbación de las facultades que, como representantes públicos, nos asisten en el ejercicio del ‘ius in officium’”, apelando al art. 23.2 de la Constitución Española, y recordando que el propio TC lo determinó (STC 47/2018).
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