Alega que el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez tienen un “interés directo”
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha solicitado apartar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP donde se pide paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los ‘morados’ explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) “es causa de abstención y, en su caso, de recusación ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa'”.
Y en este caso, señalan, “los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales”.
Cabe recordar que González-Trevijano y Narvaéz son dos de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones –el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares– fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Si la proposición de ley fuera aprobada con dichas enmiendas permitiría que los dos candidatos nombrados ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campos y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– tomaran posesión de sus puestos, reemplazando a González-Trevijano y a Narváez, aunque el CGPJ no haya designado a sus dos aspirantes.
Cabe recordar que PSOE y Unidas Podemos introdujeron las referidas enmiendas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre, debido al veto tácito del bloque conservador al nominado por los vocales progresistas –el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés– y a la negativa de estos últimos a volver a engordar su lista de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
A raíz de este movimiento parlamentario, el ala progresista del CGPJ aboga ahora por esperar a que el nuevo sistema se apruebe en las Cortes Generales para votar ya con él, mientras que el sector conservador ha lanzado dos candidatos –los también magistrados del TS César Tolosa y Pablo Lucas– para intentar eludir esta reforma, en lo que supone un intercambio de roles respecto a las posiciones que las dos corrientes del CGPJ mantenían hasta ahora.
SOLICITA NO SUSPENDER
Además, en la misma línea del escrito presentado por el grupo parlamentario socialista, Unidas Podemos ha reclamado no suspender la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, alegando que eso impediría “que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular”.
“Indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos a través de sus representantes”, advierte, subrayando que “una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde”.
En una rueda de prensa, Asens ha sostenido que la actuación del TC es un “amenaza a la democracia” con magistrados afines del PP “atrincherados”, por lo que ha confiado en que no se “consume” lo que ve como un golpe de Estado suspendiendo cautelarmente la proposición de ley.
INTERÉS LEGÍTIMO
El escrito de Unidas Podemos dedica un apartado a fundamentar que tienen un interés legítimo para pronunciarse sobre el recurso de amparo presentaddo este miércoles por el PP porque la adopción de las cautelares pedidas por el Grupo Popular “tiene una incidencia directa en el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, que se vería violentado en el caso de no proseguir el procedimiento legislativo”.
Recuerda que la cautelar que solicita el PP, prevista en el artículo 56 de la LOTC se configura como una medida “provisional de carácter extraordinario y de aplicación restrictiva” y que solo se admite excepcionalmente cuando de seguir adelante el acto impugnado produzca un perjuicio al recurrente.
“En el caso que ahora nos ocupa, la adopción de una medida cautelarísima respecto a un procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados, se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios”, apunta Unidas Podemos.
Y añade que dado que el PP avanza que presentará recurso de inconstitucionalidad, el tribunal “podrá en dicho procedimiento pronunciarse respecto tanto al fondo de la misma como al procedimiento seguido en el Parlamento”.
Advierte asimismo que “es evidente” que, en caso de que se paralice la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, se provocará “una perturbación en un interés constitucionalmente protegido” y se vería afectado uno de los fundamentos de nuestra democracia” al ser una iniciativa del Congreso.
“RESPETANDO TODAS LAS DISTINTAS FASES”
“El procedimiento legislativo que hoy se discute se ha desarrollado en las Cámaras de acuerdo con las previsiones reglamentarias y respetando las distintas fases previstas para el mismo”, añaden.
Por eso, consideran que la admisión a trámite del recurso del PP y la eventual suspensión del procedimiento parlamentario impediría “que el conjunto de diputados ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular”. Entienden que indirectamente “se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.
Así, aseveran que “una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente”.
Tras incidir en que no hay precedentes de suspensión de iniciativas legislativas por la queja “de una parte minoritaria”, sí que consideran que se daría ” una vulneración del derecho de participación política de los diputados establecido en el artículo 23 de la Constitución” en caso de suspender.
AUTONOMÍA DEL PODER LEGISLATIVO
Además, en su escrito, Unidas Podemos indica que el TC ha reiterado con anterioridad que en supuestos similares al que se discute, ya aseveró que debía prevalecer la presunción de legalidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento.
En este sentido, apuntan que “la autonomía parlamentaria es también objeto de protección constitucional” porque es una de las “conquistas” del Estado.
Suman que el TC también se ha pronunciado ya sobre denuncias de falta de motivación de acuerdos en órganos de las diferentes cámaras, y señalan que el TC entiende que esa motivación “ha podido ser expresada tanto en el acuerdo inicial, como en la contestación a la solicitud de reconsideración, y también en el acta de la reunión en la que se adoptó el correspondiente acuerdo”.
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