Dar “seguridad jurídica” a quienes ya están instalados en la costa: objetivo de la norma ante la negativa estatal a traspasar la competencia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
“Regular la franja litoral desde Galicia”, superar la “inconcreción” sobre actividades permitidas y “dar seguridad jurídica” a los titulares de instalaciones que “lícitamente” ya están en dominio público marítimo terrestre son los principales objetivos de la futura ley gallega para gestionar el litoral, en cuya tramitación avanza la Xunta ante la negativa del Ejecutivo central a transferir la competencia de costas.
El anteproyecto de esta norma ha sido analizado en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico y sus detalles los han explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en una comparecencia posterior en la que han ratificado que, una vez se apruebe esta ley, Galicia se convertirá en la primera Comunidad en regular su franja costera.
Lo hará con la esperanza, ha recalcado Rueda, de frenar decisiones estatales que solo aportan “inseguridad jurídica”, toda vez que el Gobierno mantiene por el momento la negativa a transferir a la Xunta la competencia de costas. Y también con novedades para la gestión del litoral autonómico ya que, entre otras cuestiones, el Ejecutivo gallego prevé la posibilidad de recuperar edificaciones “preexistentes”, pero a veces abandonadas, puedan tener “una nueva vida”.
Vázquez ha afeado la falta de concreción del Gobierno en relación a las actividades económicas que ahora se practican en el litoral y le ha atribuido la intención de que este quede en 2045 “totalmente libre”, mientras que ha esgrimido el deseo de la Xunta de regular las acciones permitidas y dar seguridad a quienes están ya instalados de forma “lícita” en el litoral.
Así, la norma contempla una serie de actividades “estratégicas” permisibles que van desde los establecimientos de la cadena mar-industria; a las actividades que presten servicios vinculados a la interacción puerto-ciudad; las dotaciones públicas esenciales para el abastecimiento y el saneamiento y depuración de las aguas residuales; a las infraestructuras energéticas de electricidad y gas que suministren a las actividades ubicadas en el dominio público marítimo terrestre.
Pero también, en un momento álgido de desarrollo de la eólica marina, a las instalaciones de generación eléctrica que tengan que ocupar el mar y sus instalaciones complementarias; y las actividades e instalaciones de servicio público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan situarse en los terrenos colindantes.
Y en esta coyuntura, la conselleira ha aludido a que la Xunta tiene catalogadas unas 300 edificaciones “preexistentes” que pueden ser objeto de interés histórico o de recuperación, siempre que se destinen a algunas de las actividades que el Ejecutivo autonómico considera “estratégicas”, como puede ser el caso de establecimientos de turismo litoral, tales como hoteles.
“No tiene sentido que tengamos unas instalaciones fantásticas en las que, ahora mismo, por distintas causas, su actividad ya no se está llevando a cabo. La intención es darles una segunda vida, y eso supone en muchos de los casos destinarlas al ámbito hotelero”, ha esgrimido.
REGULARÁ ZONA TERRESTRE E INTERMAREAL, Y LA MARINA HASTA LAS 12 MILLAS
Según ha explicado la conselleira, será una ley “realista, razonable y adaptada” a la realidad gallega, que regulará la zona terrestre e intermareal, y también la marina hasta las 12 millas.
Y dado que en el litoral confluyen espacios “muy diferentes” –desde playas a zonas naturales protegidas o suelos urbanizados que requieren de un régimen jurídico específico con reglas o limitaciones que se puedan cumplir en la práctica–, la ley fija tres áreas diferentes en la costa según su estado de conservación, fijando para cada una de ellas una serie de objetivos y usos diferentes.
Así, el área de protección ambiental (APA) se corresponde con una extensa zona que conserva características naturales y valores singulares e irremprazables que deben protegerse y preservarse especialmente de cualquier proceso que los pueda alterar.
A esta área pertenecen los espacios naturales protegidos y los espacios marinos del litoral, además de aquellos bienes del dominio público marítimo-terrestre que conforman la ribera del mar y de las rías por lo que la prioridad será preservar el paisaje y los ecosistemas, poner en valor los elementos patrimoniales existentes, promover su adaptación al cambio climático y preservarlos de posibles desarrollos urbanísticos.
La llamada área de mejora ambiental y paisajística (AMA) se refiere a zonas que sin llegar a reunir las condiciones antes señaladas, conservan valores naturales y se mantienen mayoritariamente en un buen estado de conservación por lo que requieren acciones de protección, recuperación y renaturalización.
En este área estarían, por ejemplo, los terrenos de suelo rústico de protección de costas comprendidos en la zona de servidumbre y en la zona periférica de protección de los espacios naturales protegidos o el resto del suelo rústico, con edificaciones vinculadas a usos y explotaciones de carácter tradicional.
En cuanto al tercero de los espacios señalados, el área de reordenación (ARA), abarca aquellos espacios litorales urbanizados y que se vieron transformados por la acción humana en que la prioridad será su “humanización y renovación”, pero la Xunta considera, por ejemplo, que una “renaturalización” en los mismos no tendría sentido. En este área estarían los terrenos de dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros.
SIN “RESPUESTA” DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
En clave política, los representantes de la Xunta han defendido que no debería haber un conflicto de competencias por parte del Gobierno en relación a una ley que, ha sostenido la conselleira, “no va contra nadie”, sino que es “de los gallegos y para los gallegos”. Previamente, tanto la conselleira como el presidente se habían quejado de la negativa a transferir la competencia de costas que demanda Galicia.
Y es que tras la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que había mantenido en julio, Rueda trasladó que había recibido un “no rotundo” del mandatario estatal a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral.
Pero aún así dejó en La Moncloa el informe del Consello Consultivo que “avala” tal cesión sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, como anima a hacer el Ejecutivo estatal para que –sostiene– se pueda proceder al traspaso.
Este mismo jueves Rueda se ha reafirmado que no hay “respuesta” y ha indicado que, por su parte, la Xunta no se ha quedado quieta y ha elaborado una ley propia para el litoral, que buscarán que sea “muy participada y transparente”.
Por ello, una vez superado el periodo de exposición pública y el resto de trámites previo a su remisión a la Cámara autonómica, el objetivo es que la norma quede aprobada y entre en vigor el próximo año 2023.
- Te recomendamos -
