ESTAMBUL, 15 (DPA/EP)
Los principales líderes de la oposición de Turquía han prometido este jueves “acabar con la tiranía” y formar una coalición a nivel nacional para reemplazar al presidente, Recep Tayyip Erdogan, después de que el alcalde de la ciudad de Estambul, Ekrem Imamoglu, fuera condenado el miércoles a dos años y siete meses de prisión por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral (YSK) del país.
La oposición ha abogado por poner fin a su “régimen represivo” de cara a las elecciones previstas para junio de 2023, mientras que el propio Imamoglu ha instado a “desmantelar el régimen” a pesar de “cuán dura sea la represión”.
Así se ha pronunciado durante una manifestación organizada en señal de protesta contra la condena impuesta en su contra, que también incluye una inhabilitación para ejercer el cargo, lo que podría suponer su salida de la Alcaldía.
Miles de personas han asistido al primer evento a gran escala organizado por este bloque opositor, que se ha mostrado unido. “No tenemos miedo. Tengo el respaldo de 16 millones de estambulitas”, ha manifestado antes de añadir que Turquía “se encuentra en una encrucijada”.
“La oposición puede reemplazar a Erdogan mediante el sentido común y la idea de un futuro en común”, ha puntualizado ante una multitud que ha gritado consignas como “derecho, ley y justicia”.
Imamoglu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), tiene previsto apelar la sentencia en su contra. El actual edil se hizo con la Alcaldía de Estambul por un estrecho margen en las elecciones de marzo de 2019, en las que se enfrentaba a un aliado de Erdogan. Los resultados fueron rechazados por las autoridades pertinentes y, tras la celebración de una nueva votación en junio de 2019, ganó con un margen mayor, lo que supuso un duro revés para el presidente y el partido gubernamental.
La ONG Human Rights Watch ha condenado el veredicto y ha laertado de que se trata de un “asalto políticamente calculado” cuyo objetivo es “apartar y silenciar a las principales figuras de la oposición”.
Las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea se han sumado también a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y han criticado el veredicto.
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