SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A y la abstención del PSOE-A, Vox y Por Andalucía, el Decreto ley que la Junta aprobó el pasado mes de noviembre para regular los procesos derivados de la Ley estatal 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por los que se debe regir la estabilización de plazas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Administración General de la Junta.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se establecen medidas de agilización de dichos procedimientos y se adoptan, con carácter temporal, medidas en materia de selección de personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía.
Según ha explicado ante el Pleno del Parlamento el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, la norma establece en los casos que el concurso-oposición sea el sistema de acceso, el peso del examen y los méritos en cada caso, al tiempo que adopta medidas para agilizar la resolución de los procesos selectivos, entre ellos, también los de educación.
El decreto ley tiene como finalidad “dotar de seguridad jurídica el marco normativo en el que se desenvolverán los distintos procesos de estabilización en cada ámbito concreto, ya que los mismos suponen en determinados aspectos una alteración del régimen ordinario que regula el proceso selectivo”, según ha abundado el consejero.
Ha detallado que este proceso se agotará con su propia resolución pues, una vez concluidos, los sistemas de provisión y selección ordinarios que se utilicen posteriormente deberán ajustarse a lo establecido en las normas generales que, en desarrollo de la normativa básica estén vigentes en cada sector.
Así, para las convocatorias de estabilización del SAS y la Administración General de la Junta, el texto establece que cuando el sistema de selección sea el concurso-oposición, este constará de una fase de oposición eliminatoria basada en un único ejercicio teórico-práctico.
En el caso de la Administración General, el examen valdrá un 60% y el concurso de méritos un 40%, mientras que en el SAS cada fase valdrá un 50%. En la baremación de méritos, los criterios profesionales pesarán 75% y 70%, respectivamente, especialmente la experiencia como interino en un puesto del mismo cuerpo y categoría al que se desea optar, si bien el tiempo trabajado en un puesto diferente también se valorará.
Otros méritos –ejercicios superados en procesos selectivos del mismo cuerpo, cursos de formación o títulos académicos distintos al exigido– se valorarán hasta un 25% en el caso de la Administración General y un 30% en el SAS.
No obstante, el Decreto ley establece “con carácter excepcional y por una sola vez” la convocatoria de concurso de méritos para estabilizar aquellas plazas ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016. En este caso, los méritos profesionales se valorarán hasta un 60%, y el resto hasta un 40%, tanto para plazas de la Administración General de la Junta como del SAS.
El texto también fija medidas para agilizar la resolución de los procesos selectivos de estabilización tal y como exige la norma estatal. Para ello, según ha detallado el consejero, se acortan algunos plazos y se establece la vía telemática para la presentación de toda la documentación exigida, tanto para el acceso al examen como para la baremación de méritos, e incluso se prevé celebrar en un acto único la oferta de vacantes, presentación de la documentación preceptiva y la petición de destinos una vez publicadas las listas definitivas de losaspirantes seleccionados, así como la aportación de un autobaremo adjunto a la solicitud en los concursos.
Asimismo, estos criterios “inspirarán las propuestas que las entidades instrumentales sometan a la negociación colectiva” a la hora de convocar los procesos selectivos de estabilización en cada una de ellas.
En el caso de los procedimientos selectivos para estabilizar plazas de los cuerpos docentes, se modifica la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía en materia de selección del profesorado, ya que la misma establece que la fase de prácticas tendrá una duración de un curso académico. Con este Decreto, podrá tener una duración inferior, a precisar en las correspondientes convocatorias, ya que, de lo contrario, según han argumentado desde el Gobierno andaluz, no sería posible finalizar los procesos de estabilización en estos cuerpos antes del 31 de diciembre de 2024, fecha tope otorgada por la Ley estatal.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
Por su parte, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha manifestado que la realidad es que, desde el año 2012, el Gobierno central del PP mantuvo cuatro años consecutivos en el cero por ciento la tasa de reposición y, por lo tanto, la temporalidad en el empleo “proviene de muchos años de políticas erróneas” y la inacción del Partido Popular en materia de función publica. Frente a ello, según ha indicado, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado decisiones para “reconvertir la administración pública”, consiguiendo “consensos”.
Ha criticado la “tardanza” de la Junta en plantear este decreto, que “no cumple las expectativas ni deja contento a nadie”, en aspectos como la bolsa preferente, según ha opinado.
El diputado del PP-A Daniel Castilla ha manifestado que la temporalidad del empleo público es un problema que se tiene que atajar, y ha criticado la “alta tasa de temporalidad” que dejaron los anteriores gobiernos del PSOE-A en la administración andaluza. Todas las comunidades están obligadas a cumplir una ley estatal, según ha señalado, pero no todas parten de la misma situación. Ha indicado que con el decreto ley andaluz se cumple con lo ordenado en la ley estatal y se pretende la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El diputado de Vox Ricardo López ha criticado que la Junta, en vez de aprovechar la ocasión para hacer una reforma estructural de la función pública, como en el tema del acceso, haya optado por un decreto ley que “va a dar numerosísimos problemas y que tiene grandísimos defectos legislativos”. Ha criticado la “precariedad” que existe en la administración autonómica, en ámbitos como la sanidad y la educación.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha subrayado que esta normativa afecta a las “personas que posibilitan la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía” dentro de un Estado, y al respecto ha defendido que la “fortaleza” de una sociedad se mide también según “cómo cuida a quien más lo necesita”, y eso “solo se consigue con una administración fuerte”, algo que “hacen las personas, no se hace sola”, según ha remarcado antes de subrayar que, en España, “las tasas de temporalidad son insoportablemente altas”, y el proceso que acomete ahora la Junta “había que hacerlo”.
La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha anunciado que su grupo votará en contra de la convalidación del decreto-ley por el hecho de que “no resuelve el desaguisado del personal interino que no ha podido consolidar el empleo”, por lo que ha señalado que hay mucho personal “en fraude de ley y que ahora tenemos en el paro”, por lo que ha augurado que “van a llover los recursos” del personal que haya quedado excluido del proceso de regularización.
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