SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles el Decreto ley 11/2022, que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de noviembre, y modifica a su vez la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).
Los grupos parlamentarios de PP y Vox han votado a favor de la convalidación, el PSOE se abstenido mientras que Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra. El Pleno ha rechazado la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, como había propuesto Por Andalucía. PP y Vox lo han rechazado mientras la izquierda ha votado a favor.
Este Decreto ley supone la adaptación de la Lista al acuerdo que alcanzaron el Gobierno y la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral de Cooperación de 10 de agosto y que supuso evitar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la Administración General del Estado, que apreciaba invasión de competencias del Gobierno andaluz en 42 artículos de la norma andaluza, según el origen de la controversia.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido la iniciativa ante el Pleno del Parlamento para sostener que “se resuelve las discrepancias sobre la constitucionalidad de la norma, refuerza la seguridad del cuerpo que regula el urbanismo y el territorio en Andalucía, blinda la Lista, despeja la incertidumbre jurídica sobre una norma fundamental para Andalucía, que es palanca de cambio, de desarrollo” después de evocar que la norma inicial se aprobó con el apoyo de Cs, Vox y la abstención del PSOE, frente al rechazo de “solo la izquierda”.
Carazo ha explicado que, tras entrar en vigor la Lista el 24 de diciembre de 2021, en enero de 2022 el Gobierno anunció el recurso, en marzo se iniciaron las negociaciones con el Gobierno, y que en agosto se alcanzó el acuerdo tras las discrepancias sobre 42 artículos. “Bastó una sola reunión de carácter técnico, jurídico” para resolver las dudas con “una norma respetuosa con las competencias del Estado”, ha afirmado, un acuerdo que se ha llevado a una Disposición Adicional y la incorporación de 22 artículos en el Reglamento General de la Lista.
“Despejamos el futuro de la Lista”, ha proclamado la consejera de Fomento, quien ha defendido que da “plenas garantías a todos los que quieran contribuir” al desarrollo de Andalucía así como ha defendido que “nunca una ley y un reglamento se han puesto en marcha en tan poco espacio de tiempo”, antes de recordar que el Gobierno andaluz está inmerso en la revisión desde hace unos meses del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Sobre los artículos modificados, el decreto ley apunta que los artículos 8.4, 10.4, 10.6, 14.3, 70.3.b), 76.2, 78.4, 80.b) y c), 96.3, 139 y la disposición adicional novena de la Ley se incorporan a una disposición adicional para garantizar que su aplicación es conforme a la legislación estatal.
El artículo 25 aclara que, cuando la propuesta de delimitación de la actuación de transformación urbanística no se establezca en los instrumentos de ordenación urbanística general o en el Plan de Ordenación Urbana, se requiere de la aprobación previa de una propuesta de delimitación.
El nuevo artículo 25 establece la necesidad de desarrollar las propuestas de delimitación de las actuaciones de transformación urbanística en el marco de las directrices que para ello se establezcan en el Plan General de Ordenación Municipal, en el Plan Básico de Ordenación Municipal o en el Plan de Ordenación Urbana.
El artículo 9.2.c) de la Ley establece la base legal de las entidades urbanísticas certificadoras, nueva figura de colaboración público-privada en la legislación urbanística de Andalucía, cuyos requisitos de habilitación y registro se derivan al desarrollo reglamentario, a las que se exige un seguro que cubra las responsabilidades civiles que puedan derivarse de su actividad.
El artículo 57 de la Ley regula los efectos de la Declaración de Interés Autonómico de una actuación y en su apartado 2 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las funciones como Administración actuante, a los efectos de la ejecución urbanística que corresponda realizar.
La modificación del apartado 2 aclara que, en las actuaciones de iniciativa privada, corresponde al Consejo de Gobierno determinar la Administración actuante en el acuerdo que declare la actuación de Interés Autonómico.
El artículo 65 de la Ley regula el Plan Básico de Ordenación Municipal como alternativa a las determinaciones que resultarían de un Plan General de Ordenación Municipal y de un Plan de Ordenación Urbana.
Este instrumento puede operar en aquellos municipios que por su población o por las condiciones que la Ley establece no tienen una dinámica urbanística compleja.
En los artículos 76 y 77 de la Ley se disponen los actos preparatorios previos al inicio del procedimiento de tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística, que regula el trámite de consulta pública previa y el Avance, documento urbanístico que tiene efectos administrativos internos, preparatorios de la elaboración del instrumento de ordenación urbanística y, además, tiene la consideración de borrador del plan.
LOS GRUPOS
Por su parte, la diputada del PP-A Ana Chocano ha defendido que la Lista ha sido una norma muy esperada y muy necesitada por todos los andaluces, y ha defendido el amplio consenso en torno a la misma. Ha valorado que el reglamento que desarrolla la norma haya sido ya una “realidad”, lo que arroja un marco jurídico estable que no interfiere ni en competencias municipales ni estatales.
El parlamentario del PSOE-A Rafael Márquez ha manifestado que la consejera demuestra “gran desconocimiento” sobre el urbanismo actual en Andalucía. Ha querido dejar claro que el PSOE ya tenía claro hace años que había que abordar una reforma profunda del urbanismo en la comunidad, porque los retos y exigencias de hoy no tenían nada que ver con la Andalucía de hace 20 años, y porque existía una “amenaza” sobre los planes generales de todas las comunidades. Ello dio lugar, según ha recordado, a una “gran” ley como fue la de la LOUA, nacida de un “gran consenso social”.
Ha lamentado que, en cambio, el actual Gobierno andaluz se haya “separado” de ese consenso en materia de urbanismo, con una nueva ley, la Lista, que responde a unos determinados “intereses”.
Por parte de Vox, su diputado Alejandro Hernández ha lamentado que se debata en el Parlamento una iniciativa que modifica una ley que “no tiene ni un año de vigencia”, y en ese sentido ha trasladado una serie de “observaciones” de su grupo a este decreto, cuya convalidación ha respaldado y cuyo debate ha enmarcado en la “disfuncionalidad” del Estado autonómico español, en el que conviven “17 legislaciones diferentes” en un mismo territorio, lo que genera “continuas fricciones” porque entran en permanente “colisión”, según ha criticado.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha reclamado que el Decreto ley se tramite como un proyecto de ley y ha defendido que su grupo presentó dos ennmiendas a la totalidad a la Ley y ha sido impulsor de un recurso de inconstitucionalidad, ha sostenido que el texto presentado es “ejemplo de libro de que se lo dijimos” acerca de que invadía competencias estatales, de que “la ley se cerró en falso, con excesivas remisiones al Reglamento, demasiados artículos incompletos, inconexos” para concluir que aún “quedan algunas pendientes”.
Nieto ha reprochado al Gobierno andaluz “ser nostálgicos de una política urbanística que no debe volver”, además de señalar que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha rechazado que el Ejecutivo autonómico haya recurrido al decreto-ley para ejecutar su acuerdo con el Estado.
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