SEVILLA/MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, reconoció este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’ que se enfada “mucho” con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se está tramitando en el Parlamento. “Nos va a dar grandísimos problemas de organización, gestión interna e incluso de convivencia en las universidades”, dijo.
Así lo aseguró durante este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, en el que reconoció la necesidad de una ley que “proyectara a Europa” a las universidades españolas. Sin embargo, a su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando una “ley de parches” con la que busca “dar gusto” a los distintos colectivos y ”no refleja lo que el sistema universitario español necesita para progresar y ser competitivo”.
Villamandos remarcó que la LOSU “necesita una inversión importante”. “No sabemos quién va a poner ese dinero”, dijo, con temor a que sea “una jugada” de que “el Gobierno invita y que paguen otros”.
También apuntó que la nueva ley “deja temas sensibles completamente abiertos en representación de los colectivos”, por lo que supone que “va a haber tensiones” en las universidades porque esos colectivos buscarán conseguir más porcentaje. “No vamos a tener 17 sistemas, sino que cada universidad va a ser distinta de la de al lado”, lamentó el que fuera presidente de la conferencia de rectores, Crue Universidades Españolas.
Otra cuestión que le preocupa en referencia a la nueva ley del sistema universitario es que recoge la posibilidad de que el personal laboral llegue a ser rector. Para el consejero andaluz esto implicará que el rector esté sujeto a la comunidad autónoma y no al Estado y a los convenios colectivos de los sindicatos. “Es un ataque directo y grave a la autonomía universitaria”, zanjó.
Por ello, avanzó que, una vez que se publique el texto de la LOSU en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno andaluz estudiará posibilidades para coordinarse y “usar las competencias para poner orden” en el sistema universitario. “No son muchas”, remarcó, pues “el Ministerio pide con la boca chica” que las autonomías “solucionen algunos problemas de la ley”, pero cuando en algunas regiones “podría ser un problema” en función de quien gobierne.
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