Destaca la importancia económica y de control poblacional de la actividad cinegética tras entrar en vigor tasa cero de caza y pesca
VALLADOLID/OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cree que el Gobierno de España “debe mover ficha” en relación con la gestión del lobo tras los pronunciamientos de la Unión Europea y la Audiencia Nacional.
El consejero se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la suspensión cautelar que pedía la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) de la disposición legal que permite a las comunidades autónomas la adopción de medidas excepcionles de control de esta especie al norte del Duero pese a haberse prohibido su caza, como ya ocurría al sur de este río.
Asimismo, Suárez-Quiñones se ha referido, durante un acto celebrado este martes en Valladolid, a la resolución del Parlamento Europeo que instaba a la Comisión Europea a revisar el estatus de protección de este cánido y a la carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que apostaba por estudiar una posible revisión de la situación actual.
En este sentido, el titular de Medio Ambiente ha recordado que la normativa europea impide la caza del lobo al sur del Duero, pero no al norte, una decisión que ha correspondido al Gobierno de España con el apoyo de comunidades autónomas “que no han visto un lobo en su vida” y en contra del criterio de las que gestionan “el 95 por ciento de las poblaciones de lobo en España”, en referencia a Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias”.
Por ello, ha sentenciado que si “Europa va por un camino y el Gobierno por otro” debe “hacérselo mirar”, al tiempo que ha reiterado que ha de “mover ficha” después de que la Audiencia Nacional no haya atendido tampoco la petición cautelar de Ascel y ha recordado que aún no ha abonado a Castilla y León los más de ocho millones para medidas preventivas que palíen los daños del lobo.
En cuanto a la posibilidad de Castilla y León acuda a los tribunales contra esta protección especial como ha anunciado Cantabria, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido que la Comunidad se está “dotando jurídicamente” antes de dar el paso, tras insistir en la “inseguridad jurídica” en que se encuentran las autonomías por la decisión del Ejecutivo central.
LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
El consejero se ha referido también a la entrada en vigor de la tasa cero para las licencias de caza y pesca en la Castilla y León, sobre lo cual ha defendido la importancia de la actividad cinegética tanto económica como para el control de poblaciones animales y el equilibrio en los ecosistemas.
En este sentido, ha subrayado la contribución de la caza para impedir la propagación de enfermedades animales o el crecimiento desmedido de especies, así como para combatir la despoblación rural.
Por otro lado, ha defendido la riqueza cinegética de la Comunidad, que cuenta, además, con “los mejores ríos de Europa y del mundo” para la pesca y ha recordado que una vez se apruebe la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 se agilizará la posibilidad de obtener licencias quinquenales para esta práctica.
Suárez-Quiñones ha defendido la “filosofía” de la Junta de Castilla y León, integrada por PP y Vox, de “rebajar impuestos” como “la mejor forma de favorecer el crecimiento económico.
- Te recomendamos -
