Los regionalistas confían en que “se van a dar soluciones” y que permanecerá abierto “hasta el día anterior a que empiecen las obras”
SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento cántabro ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley (PNL) contra el cierre del centro de día de Castro Urdiales, previsto para el 31 de diciembre dado que la empresa adjudicataria dejará de prestar el servicio, aunque los grupos que sustentan al Gobierno regional, regionalista y socialista, han asegurado que se están buscando soluciones para mantenerlo abierto hasta que comiencen las obras de remodelación del edificio.
A través de esta iniciativa, presentada por el PP, la Cámara insta al Ejecutivo a buscar las herramientas jurídicas para garantizar la continuidad del servicio una vez que la empresa, que ha alegado pérdidas económicas, deje de prestarlo. Cuando la entidad anunció que no continuaría, el Gobierno planteó un proyecto para acometer en el centro que contempla la mejora sus instalaciones y la construcción de una residencia en el edificio.
Sin embargo, la oposición denunciaba que el proyecto ni siquiera está redactado y “no se sabe nada” de él, por lo que a su juicio carece de sentido que los trabajadores pierdan sus puestos al terminar el año y la treintena de usuarios tengan que desplazarse a otros centros a “20, 30 o 40 kilómetros” cuando aún no van a comenzar las obras.
La consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ya avanzó hace dos plenos que se estaban estudiando las posibles vías para prorrogar el servicio, y así lo han reiterado hoy los grupos regionalista y socialista.
“Los regionalistas no vamos a permitir que se cierre el centro del día”, ha sentenciado la diputada Emilia Aguirre, que, como castreña, ha celebrado el apoyo unánime a esta PNL y ha asegurado que la instalación “va a permanecer abierta hasta el día anterior a que empiecen esas obras”.
Por ello, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, usuarios y familias, porque está “segura” de que por parte de la Consejería, que está en manos del PSOE, su socio en el Gobierno regional, “van a darse soluciones” dado que existen “muchas herramientas jurídicas” para continuar a pesar de que la empresa no vaya a prorrogar el contrato.
Además, y dado que la Consejería había planteado trasladar a los usuarios a centros de día de otros municipios durante el cierre, la regionalista ha aclarado que su grupo “no respalda” esta alternativa, que puede “generar confusión” a los afectados, al ser personas mayores con problemas físicos y cognitivos. Frente a ello, ha apostado por buscar soluciones dentro del municipio.
Tanto Aguirre como la diputada del PSOE Eva Salmón han aclarado que el departamento que dirige Gómez de Diego y el Ayuntamiento de Castro Urdiales ya están ahondando en esas diferentes posibilidades jurídicas y reuniéndose con los afectados para negociarlas.
“Tanto la Consejería como el Ayuntamiento están haciendo todos los esfuerzos para que los usuarios sigan allí a partir del 1 de enero”, ha sentenciado la socialista, añadiendo que para su grupo “lo más importante son los usuarios” y, respecto a los trabajadores, que no solo se van a mantener los puestos como pide la PNL, sino que “se van a crear más” cuando reabra el centro tras la obra.
Sin embargo, la ‘popular’ Isabel Urrutia, que ha sido la encargada de defender la iniciativa, ha recordado que la intención de cerrar es la que tenía “el Gobierno regionalista-socialista”, que hasta ahora “no ha hecho nada” por evitarlo.
Es por ello que el PP llevó la proposición no de ley a la Cámara, señalando como lo han hecho los portavoces de Ciudadanos y Vox, Félix Álvarez y Armando Blanco, respectivamente, que el Ejecutivo “no ha hecho los deberes a tiempo” para licitar el servicio antes de que se marchara la empresa el 31 de diciembre y que por ello había anunciado las obras como “una invención” y “una coartada para tratar de salvar una situación insalvable”.
En este sentido, han lamentado que se trate de justificar el cierre del centro con un proyecto de obras para las que no se ha pedido licencia ni se ha redactado el proyecto, por lo que es “imposible que empiecen antes de verano”, como ha apuntado el diputado de Vox.
RECHAZO A UNA INICIATIVA SOBRE LA EPOC
Por el contrario, y a diferencia de lo ocurrido con la anterior iniciativa, esta tarde no ha salido adelante una propuesta de Cs –integrante junto con Vox del grupo mixto– que recogía distintas reivindicaciones de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en contra de la que han votado regionalistas y socialistas, que ostentan la mayoría absoluta en la Cámara.
Y ello, según han explicado, no porque no reconozcan la importancia de la EPOC –que es la cuarta causa de muerte en España–, sino porque consideran que “la mayor parte de las cuestiones” que en ella se reclaman “ya se están haciendo” y están incluidas en las estrategias de tratamiento y lucha contra esta enfermedad.
Además, han señalado que hay otra parte de las reclamaciones que se plantean en las que la comunidad no es competente.
Desde Cs y otros grupos de la oposición han censurado el voto en contra de PRC y PSOE y han criticado que el de Cantabria ha sido “el único” parlamento donde no han salido adelante iniciativas en este sentido.
“No lo entiendo”, ha afirmado el portavoz de Cs, Félix Álvarez, quien ha insistido en que lo que se pide en la iniciativa “no se le ha ocurrido a él”, sino que son “carencias y necesidades” que plantea la Asociación Española de Pacientes con EPOC (APEPOC).
Álvarez ha censurado que regionalistas y socialistas voten en contra alegando de que, según dicen, muchas de las cuestiones que se plantean ya se están haciendo, una razón que cree que no merece el ‘no’ de estos partidos.
Además, se ha preguntado que, si como dice el PRC y el PSOE, las medidas “ya están en marcha”, “dónde están los resultados por los pacientes no los ven”.
Entre las peticiones de la PNL, era que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como colectivo especialmente vulnerable y también impulsar en la Atención Primaria pruebas diagnósticas que permitan su detección temprana.
También se reclama al Ejecutivo medidas para evitar que los pacientes con EPOC y otros electrodependientes tengan que asumir el costedel consumo eléctrico derivado del uso del dispositivo prescrito médicamente.
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