CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Cádiz ha exigido a la Junta de Andalucía que “dé marcha atrás” en su “amenaza” de recurrir la modificación del Plan General Urbana (PGOU) aprobada por el Pleno municipal para limitar la proliferación de pisos turísticos en la ciudad y ha avisado que irá a los tribunales “o donde haga falta” en defensa del interés general y “de un turismo de convivencia frente a un turismo descontrolado o de masas”.
En una nota, el Ayuntamiento gaditano ha asegurado que defenderá “con uñas y dientes” el derecho de los vecinos “a vivir en su ciudad”, recordando que “hay sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian a favor de las limitaciones municipales a las viviendas turísticas”.
La portavoz del Equipo de Gobierno, Lorena Garrón, y el edil de Urbanismo, Martín Vila, han informado de que se ha recibido en el Ayuntamiento un informe “falto de rigor” de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía en el que anuncia su intención de recurrir la modificación del PGOU, y han calificado este hecho de “surrealista”, al considerar que “hasta tres consejerías” han informado “favorablemente” sobre la modificación del PGOU en el trámite de información pública.
En este sentido, han recordado que la Consejería de Salud reconocía que dicha modificación urbanística “mejora la salud pública”, la de Fomento decía que la modificación era “correcta”, y la de Turismo indicó que la modificación “no invadía competencias”. A esto se suma que en el proyecto de decreto de apartamentos turísticos y de viviendas con fines turísticos de Andalucía, que promueve la Consejería de Turismo, “se plantean más restricciones incluso al acceso y el ejercicio de esta actividad amparándose precisamente en la defensa del interés general”.
El edil ha subrayado que el “primer error de bulto” que se plantea en el informe de la Agencia es que considera las viviendas con fines turísticos (VTF) como “una actividad económica cualquiera ejercida por una empresa” y justifica la necesidad de “garantizar la competencia real y efectiva” en el “principio de libertad de empresa”. Así, ha recordado que las VFT son una actividad ejercida “por particulares, no por empresas”, y es “contradictorio que le quieran reconocer los beneficios de las empresas cuando no tienen ninguna exigencia”.
En concreto, Vila ha informado que más de 15 propuestas de pisos turísticos se han reconvertido a promociones de vivienda, y locales vacíos o fincas no residenciales están albergando ahora usos turísticos, por tanto, lo que se consigue con la modificación del PGOU es “equilibrar el derecho a vivir en Cádiz con la economía” y “limitar la actividad para que la ciudad no se convierta en un parque temático”. “Lo que busca la iniciativa es eliminar la presión turística de gran parte del suelo residencial y proteger a los vecinos y vecinas de Cádiz de una especulación sin control que los expulse de sus barrios”, ha asegurado.
“La modificación del PGOU de Cádiz, al equiparar ciertas exigencias de las VFT a los establecimientos de alojamiento, está reduciendo ese agravio, por lo que tendrían que felicitarnos por la iniciativa en lugar de intentar impugnarla”, ha argumentado Garrón, quien ha lamentado “este nuevo golpe que el PP y la Junta de Andalucía quieren asestar al municipalismo y a la autonomía local”. Garrón ha criticado que prefieran “alinearse con la especulación” a “ponerse del lado de la gente”.
En ese sentido, ha exigido a la administración autonómica que “dé marcha atrás”, advirtiendo de que el Ayuntamiento llegará “donde haga falta” para defender “un turismo equilibrado y de convivencia” para que Cádiz “conserve su identidad y sea la ciudad de su gente y para su gente” desde el convencimiento de que la vivienda “es un derecho y no un bien de mercado”.
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