SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha celebrado este sábado el Día Internacional de los Derechos Humanos, haciendo un repaso por “el escudo social desplegado por el Estado desde 2020, primero como consecuencia de la pandemia y después por el impacto en la economía de la guerra en Ucrania”, lo que, a su juicio, “ha supuesto una respuesta clara por parte del Gobierno de España para la protección de las personas exigida por Naciones Unidas”.
Fernández ha asegurado a través de un comunicado que “si en 2019 los Consejos de Ministros se bautizaron como los viernes sociales, durante la pandemia se activaron todas las medidas necesarias para proteger a quienes más lo necesitaron y, una vez iniciado el proceso de recuperación, se volvieron a diseñar estrategias para atajar las consecuencias de la guerra en Ucrania, como el incremento del bono social eléctrico y térmico, la bonificación de los carburantes, las ayudas económicas a familias para afrontar la subida de precios o la gratuidad del transporte público”.
El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que a principios de diciembre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en mayo de 2020 e incrementado su cuantía un 15% en junio de este año, alcanzaba ya los 162.004 hogares, “es decir, atiende a 471.013 personas, de los que 95.209 también reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI)”, una ayuda de cien euros por hogar al mes en el caso de que convivan niños de cero a tres años; de 70 euros al mes por cada niño entre tres y seis años y de 50 euros al mes por cada menor de entre seis y 18 años.
A esta medida de protección social ha sumado la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno para mitigar el impacto de la elevada inflación, “que ha supuesto el reparto de 35,7 millones de euros en la comunidad, beneficiando a 178.814 trabajadores, autónomos y desempleados” que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros.
Esta ayuda de 200 euros se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país, donde también se incluyen, ha continuado, iniciativas dirigida a la clase media y trabajadora, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que en Andalucía alcanza a cerca de 5 millones de conductores, la gratuidad del transporte de Cercanías y Media Distancia o el bono social térmico, “cuya partida se ha incrementado y ha llegado hasta el momento a 240.000 hogares andaluces, una cifra que aumentará con el incremento de la partida para 2023”, ha enfatizado.
El delegado ha asegurado que “España es además un país solidario y acogedor, con los brazos abiertos y capacidad para atender a quienes huyen de conflictos bélicos, otorgándole y reconociéndoles sus derechos, como demuestran los más de 20.500 ucranianos que han encontrado en Andalucía la protección y el refugio al huir de su país”.
Ese apoyo, ha aclarado, “supone una respuesta económica desde la cogobernanza, de ahí que en agosto el Gobierno aprobase una ayuda para familias vulnerables de Ucrania de 400 euros, más cien euros por menor al mes, lo que ha supuesto que el Estado haya destinado a la Junta de Andalucía 6,1 millones de euros para financiar esta prestación”. A esta cantidad se le suman 140.292,32 euros aprobados en el Consejo de Ministros el 5 de diciembre para financiar en Andalucía los gastos derivados de la escolarización ucranianos desplazados por la guerra en su país.
Fernández se ha referido además a la igualdad “como un vector transversal en las acciones del Gobierno para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y a la apuesta por la continuidad e incremento de los fondos que el Gobierno destina al Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.
Así, además de los 7,15 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para reforzar sus políticas contra la violencia machista, ha sumado otros 54 millones correspondientes a dos programas financiados con el Plan de Recuperación. Por una parte, el Plan España te Protege Contra la Violencia Machista, dotado con 24 millones, que gestionarán la comunidad andaluza y los ayuntamientos y que incluye la construcción de Centros de Atención Integral 24 horas para las mujeres víctimas de violencia sexual, la mejora, digitalización y ampliación a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres de los servicios integrales de atención, como el 016, Atenpro y los dispositivos de protección.
“Éstas y otras medidas que se están impulsando, como la Ley contra la trata y la explotación de los seres humanos, demuestran la apuesta férrea de un gobierno democrático por defender los derechos humanos de todos, especialmente de las mujeres”, ha añadido.
Los jóvenes “son una prioridad en el diseño y desarrollo de las políticas del Gobierno de España, ya que también son quienes están padeciendo más la crisis económica, la necesidad de incorporarse al mercado laboral, de emprender un proyecto o las dificultades de acceder a una vivienda digna”, ha asegurado Fernández, lo que ha motivado que “el Gobierno apruebe iniciativas como el Bono Alquiler Joven,; haya aumentado las partidas de becas en 400 millones; así como los 23,7 millones para lucha contra el abandono escolar en el marco del programa de apoyo educativo PROA+ en Andalucía”.
“Blindar las pensiones y revalorizarlas ha sido otro de los objetivos cumplidos por el Gobierno, reconociendo así el derecho adquirido por quienes con sus años de trabajo se merecen una protección y garantía económica”, ha indicado el delegado, refiriéndose al incremento del 8,5% en las pensiones contributivas aprobado por el Ejecutivo, lo que beneficiará a 1,6 millones de andaluces.
La Reforma Laboral, con el consiguiente incremento del número de contratos indefinidos; la subida del salario mínimo interprofesional, las diferentes medidas para la protección de autónomos y empresas, como los préstamos ICO, y las ayudas a los transportistas, que en Andalucía suman 19 millones de euros en subvenciones directas, son otros “claros ejemplos” a los que se ha referido Fernández de “cómo el Gobierno de España trabaja incesantemente por y para el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos”.
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