El Pleno del Consell ha aprobado hoy una adenda de modificación del Protocolo de desarrollo del Convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de Administración Tributaria, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y el Ayuntamiento de València en materia de embargos por sanciones de multas de tráfico y ORA a realizar fuera del término municipal de València.
En concreto, se ha acordado extender este sistema de cobro a los tributos municipales, sanciones y otros ingresos, al tiempo que el convenio se prorroga un año más, hasta el 9 de junio de 2019.
El desarrollo del convenio ha sido muy satisfactorio para las administraciones, ya que con este sistema se acaba con situaciones de impunidad derivadas de que el ayuntamiento no tiene competencias para actuar sobre infractores cuando dichas actuaciones tengan que realizarse fuera del término municipal de Valencia, con lo que se garantiza la igualdad de los ciudadanos y se refuerza la seguridad.
Hasta el 1 de junio, el IVAT ha desarrollado actuaciones que representan un total estimado de 3.387.375,91 euros, referidos a 18.126 procedimientos de embargo por infracciones no abonadas. Del total, se han certificado ya 1.583.506,63 euros de 8.356 embargos por multas de tráfico y ORA impagadas, y quedan en trámite pendientes de certificar 1.803.869,28 euros de 9.770 embargos.
Con la firma de esta colaboración, la Generalitat, a través del IVAT, puede pedir información a entidades financieras y autorizar solicitudes de embargo para reclamar el pago de multas interpuestas por el Ayuntamiento de Valencia, así como otros ingresos de naturaleza pública, tributarios y no tributarios, cuando éstos deban realizarse fuera del término municipal de Valencia y en el ámbito territorial de la Comunitat.
Además, el instituto también tiene la capacidad de levantar embargos y resolver los recursos interpuestos contra sus actuaciones.
Este convenio tiene un año de vigencia desde su firma y se puede prorrogar anualmente hasta un límite de cuatro. El acuerdo ofrece también al instituto la capacidad para introducir medidas que agilicen y hagan más eficaz la gestión de los procedimientos sancionadores.
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