SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El Consejo Económico y Social de Andalucía ha pedido establecer un tratamiento fiscal que “independientemente de los posicionamientos de cada parte”, asegure el tratamiento homogéneo en el conjunto del Estado y “evite la divergencia entre territorios”, así como concretar “lo antes posible” medidas “específicas” para paliar los efectos de la crisis.
La solicitud se recoge en un informe con consideraciones y propuestas al Informe Socioeconómico de Andalucía, entregado este lunes por el presidente del CES, Juan Marín, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que emite propuestas tras analizar el contexto socioeconómico de la comunidad.
El informe aglutina diez recomendaciones, una de las cuales se reserva para el apartado fiscal. “El régimen fiscal debe servir para atender, desde la eficacia en la gestión tributaria, la suficiencia económica de las Administraciones para la prestación de los servicios públicos y el otorgamiento de una adecuada protección social”, ha recordado el documento, que también plantea la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica.
También subraya su solicitud para que se concreten “lo antes posible” las actuaciones “específicas” para paliar los efectos de la crisis, tanto en lo que se refiere a las personas como a las empresas, “adoptando medidas que actúen sobre la oferta y la demanda”, para lo que ha considerado “esencial” la “utilización correcta de los fondos europeos, tanto los de recuperación como los del nuevo marco” y que en este apartado se impulse la participación de empresas andaluzas en el diseño de los planes.
Son dos de las principales recomendaciones del CES, un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica en el que están representados los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.
Otras propuestas son reconocer el valor de la innovación y de la generación del conocimiento y la investigación; implementar actuaciones para la captación y retención del talento, particularmente el vinculado a sectores estratégicos e innovadores; favorecer la industrialización, la digitalización de la economía y la formación profesional o fomentar el emprendimiento.
También pide en concreto un diseño participado de un nuevo plan integral de empleo “que prevea las necesidades laborales y establezca medidas específicas para procurar una mejor empleabilidad de jóvenes, mujeres y parados de larga duración” y actuar “con particular atención” en la economía sumergida.
El CES aboga además por “asegurar el desarrollo de infraestructuras estratégicas e inversiones públicas necesarias, que favorezcan la movilidad de personas y servicios, el comercio y la internacionalización” y permitan “la adaptación a los retos medioambientales y de transformación energética”, así como reforzar los servicios públicos.
“Las fórmulas de cooperación entre el sector público y la iniciativa privada, sin perder la supervisión pública, deben ir encaminadas a la consecución de objetivos generales. Así, particularmente desde los servicios públicos, debe atenderse a situaciones de especial vulnerabilidad, como las derivadas de la violencia de género”, indica también el documento.
Con respecto a los jóvenes, incide sobre todo en que “ha de darse respuesta a las necesidades de vivienda”. “La escasez o insuficiencia del parque de vivienda pública, la antigüedad del parque inmobiliario, la necesidad de fijar población joven en las zonas rurales, representan, entre otros, aspectos de oportunidad para un sector que requiere de una mayor cualificación y especialización”, considera.
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