MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El coordinador de Tecnología de la Fundación Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Jorge Sánchez Solano, y el ex director general de Políticas de Discapacidad y actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, defendieron la necesidad de endurecer la normativa sobre las exigencias de accesibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
En concreto, los dos pidieron que se refuerce la capacidad de “control y sanción” por parte de las administraciones de cara al incumplimiento de las leyes referidas a discapacidad y accesibilidad.
Ambos lo hicieron en un diálogo sobre ‘Tecnología y Accesibilidad’, organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a Samsung. En este encuentro, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, también participaron Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand and Innovation Samsung Electronics Iberia; Lourdes González Perea, responsable del Departamento de Tecnologías Accesibles de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y Noelia Cuenca, directora general de la Oficina de Accesibilidad de la ciudad de Madrid.
En opinión de Celada, “se ha avanzado mucho en cuanto a legislación”, en parte por el desarrollo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también gracias a la trasposición al ordenamiento jurídico español de distintas directivas europeas en este terreno.
El reto está en llevarlas a la práctica y garantizar su cumplimiento. Por eso, recordó “el gran número de quejas por falta de accesibilidad en las webs de organismos públicos (algo obligatorio desde 2018) presentadas ante la Oficina de Discapacidad (Oadis) del Ministerio de derechos Sociales” cuando él ocupaba la dirección general.
La nota positiva es, a su juicio, que “la legislación española siempre ha previsto la posibilidad de plantear quejas y denuncias” al adaptar las directivas europeas. Sin embargo, reclamó que los tres niveles de la administración -estatal, autonómico y municipal- refuercen sus competencias “para vigilar y sancionar cuando la ley no se cumple”.
Sánchez Solano apostó a su vez por incluir exigencias de “calidad y no sólo de cantidad” en cuanto a la accesibilidad. Además, exigió a la administración que los requisitos que imponen estas normativas “se trasladen a las licitaciones”. Esto es, que “los pliegos de condiciones para contratar con entidades públicas contemplen esta condición como exigencia a priori”, recalcó.
En la actualidad, las condiciones de accesibilidad se conciben “como un plus”, como una forma de obtener puntos extra en los concursos públicos, explicó, pero, a la hora de la verdad, “lo único que importa son los criterios económicos”. “Siempre se lo lleva la oferta más barata”, lamentó.
Como consecuencia, “se presentan (a los concursos) proyectos que no cumplen las exigencias de accesibilidad, sostuvo. De hecho, en ocasiones no hay ninguna candidatura que garantice la accesibilidad plena. Todo esto se resolvería, en su opinión, si la accesibilidad fuese una exigencia ‘sine qua non’ desde el principio”.
Por otro lado, Sánchez Solano reflexionó sobre el hecho que “cuando hablamos de discapacidad y accesibilidad, parece que nos da miedo concretar lo que queremos en una normativa”. “Decimos promover, fomentar o facilitar”, apuntó, para indicar “la intención en que queremos trabajar, pero sin ser exigentes”. En su lugar, propuso “verbos como implantar y adoptar”, a fin de “expresar claramente lo que queremos hacer” y luego poder reclamarlo.
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