VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo Económico y Social (CES) Castilla y León ha emitido el informe previo sobre el Anteproyecto de Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León en el que, entre otras cuestiones, advierte de falta de definición de conceptos y “ambigüedades” que pueden generar “inseguridad jurídica” en algunos aspectos de la norma.
El CES ha publicado su informe en torno a este anteproyecto que proviene de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León que tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas que viven en centros de carácter social públicos y privado con el fin de proteger a los más vulnerables, impulsar la innovación y anticiparse a las necesidades futuras.
El Anteproyecto se basa en avanzar en un modelo centrado en la persona y rechaza la concepción de los centros residenciales como espacios de asistencia sanitaria, por lo que en la normativa se aborda desde el diseño arquitectónico de centros hasta la platilla o las condiciones de acceso.
En concreto, el informe emitido por el Consejo Económico y Social el pasado 1 de diciembre en torno a esta norma advierte de una “falta de definición de conceptos y de concreción” en muchos aspectos, “dando lugar a ambigüedades e interpretaciones confusas”, lo que “genera inseguridad jurídica” en determinadas cuestiones como, según señala el CES, la dotación de profesionales específica de cada centro y las ratios mínimas, en el número máximo de personas usuarias asignadas a un gestor, los procedimiento de autorización, inscripción y acreditación de centros y servicios, la cartera de servicios de carácter básico o el plan de contingencias.
Además, el informe pide que se tenga en cuenta que el objetivo de la normativa de la persona considerada individualmente como eje central generará modificaciones estructurales de valoración, dotación, formación y gestión del personal. “El CES recomienda avanzar hacia una atención basada en modelos de vida independiente que posibilite proyectos de vidas elegidas, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir y a continuar viviendo en sus domicilios si así lo desean”.
El Consejo Económico y Social determina también como “fundamental la “digitalización de centros”, plantea la necesidad de inversión en formación de todo el personal y ve “imprescindible” establecer un modelo de coordinación sociosanitaria que garantice la atención integral de las personas en situación de dependencia.
“Entendemos que la atención sanitaria en los propios centros no debe ser una cuestión opcional y debería mantenerse lo que determina la regulación actualmente vigente en esta materia”, defiende el informe.
Asimismo, el CES recomienda la creación de una mesa de seguimiento dentro del Diálogo Social dada la modificación “sustancial” del modelo de atención. Además, el consejo considera que se debería impulsar el concierto de plazas sociosanitarias y, por otra, sería preciso que se acompasasen los precios de los conciertos y de la prestación vinculada actuales al acondicionamiento del nuevo modelo con el fin “de que este necesario acomodo a la nueva regulación sea beneficiosa para todos los agentes, personas usuarias y personas trabajadoras”.
Por último, el CES advierte de que se tenga en cuenta otras decisiones que pueden afectar a la regulación como la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la aprobación de una Ley de Servicios Sociales Estatal y el desarrollo reglamentario de la figura de asistente personal.
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