MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión y 48.000 euros de multa para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la pieza número 8 del ‘caso Tándem’, conocida como ‘Marbella’. El Ministerio Público le achaca delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos por haber espiado a un empresario marbellí por encargo de una de sus clientes.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Servimedia, Villarejo habría obtenido información sobre el empresario Felipe Gómez Zotano de archivo policiales a los que habría accedido gracias a su condición de funcionario público.
El espionaje a este empresario de Marbella se lo encargó la también empresaria Marzena Katarzina en 2015 a través del bufete Stuart & Mckenzie, que es parte del Grupo Cenyt y propiedad del excomisario.
El objetivo de esta investigación ilícita era recabar información sobre Gómez para emprender acciones legales en su contra. De hecho, Katarzina acabó presentando una querella que terminó siendo archivada.
Según el juez instructor, Katarzina contactó con las empresas de Villarejo 2015 con el objetivo de emprender una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Zotano, al que reclamaba unas cantidades que ella le había entregado a cuenta de una operación inmobiliaria.
El bufete del excomisario elaboró un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental del empresario en el que incluía datos personales, de su entorno familiar, de sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, sus empresas y situación financiera y concluía que existían indicios de “fraude fiscal y blanqueo”.
Junto a Villarejo, la Fiscalía también acusa su socio Rafael Redondo, para el que pide cuatro años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos. También solicita un total de nueve años de prisión para el que era comisario de la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que fue la persona que presuntamente facilitó la información confidencial a Villarejo.
García Castaño era, según el Ministerio Público, la persona que accedía a los datos confidenciales de las bases policiales, bien personalmente o a través de sus subordinados y recibía a cambio sobornos y regalos sin que hubiera abierta ninguna investigación policial sobre el empresario.
Otra pieza clave en este entramado es el inspector jefe de la Policía Nacional Constancio Riaño, que se enfrenta a siete años y medio de cárcel por colaborar en la obtención y trasiego de información confidencial, aunque los fiscales no tienen pruebas de que cobrara por ello.
Anticorrupción también acusa al director de operaciones del Grupo Cenyt, Antonio Bonilla, para el que pide cuatro años y nueve meses de cárcel y multa de 81.000 euros. Todos juntos deberán indemnizar de manera solidaria al empresario espiado con 3.000 euros y en caso de que no lo hagan se tendrá que hacer cargo del pago la Administración General del Estado como responsable civil subsidiaria.
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