MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Canadá han anunciado este viernes sanciones contra Irán que afectan a cuatro nuevos individuos y cinco entidades iraníes en represalia por las violaciones “sistemáticas” de los Derechos Humanos en el país en el marco de las protestas.
“A medida que el régimen iraní continúa reprimiendo violentamente a la sociedad, afirmamos nuestra solidaridad con el pueblo de Irán, que valientemente ha denunciado al régimen por sus abusos contra los Derechos Humanos, especialmente los de las mujeres y las niñas”, ha indicado en un comunicado la ministra de Exteriores, Mélanie Joly.
Joly ha asegurado que el “régimen iraní continúa utilizando el miedo y la violencia para suprimir los derechos y libertades de todos los iraníes”. “Hoy reiteramos nuestro apoyo a quienes se niegan a soportar más esta represión”, ha agregado.
En concreto, las nuevas sanciones, según el comunicado de Exteriores, se extienden a Morteza Talaei, quien es segundo general de brigada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y excomandante de las Fuerzas de Seguridad de Teherán.
En la ‘lista negra’ también se encuentra a Ali Ghanaatkar Mavardiani, quien es un juez, fiscal e interrogador que trabajó anteriormente en el tribunal de la prisión de Evin antes de ser nombrado jefe de la Fiscalía de uno de los distritos de Teherán.
Asimismo, figura el comandante de las unidades especiales de las fuerzas policiales, Hasan Karami, y una aerolínea comercial y de carga que ha coordinado varios vuelos militares entre Irán y Rusia que transportaban drones iraníes, Safiran Airport Services.
Otras dos compañías han sido sancionadas: la agencia de noticias Javan, que difunde, según Canadá, “mensajes antisemitas y propaganda del régimen”, así como una empresa que tiene acuerdos con las fuerzas Basij para prestar servicios tecnológicos.
La muerte bajo custodia de Mahsa Amini, la mujer de 22 años detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo, ha provocado protestas en todo el país, que se han saldado con la muerte de más de 400 personas, según los últimos datos recogidos por la ONG Iran Human Rights (IHR).
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