Subrayan que la justicia ha condenado a la familia Franco a pagar las costas del juicio
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha trasladado este viernes su satisfacción por la decisión de la justicia que ha dejado en manos del Estado la custodia de los bienes que están en el interior del Pazo de Meirás hasta que se decida de forma definitiva sobre la titularidad de los bienes muebles, según han trasladado fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
De este modo han calificado la decisión del Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid como una “magnífica noticia” que garantiza que dichos bienes “permanecerán bajo custodia del Estado hasta que la justicia decida sobre su titularidad” y que “una vez más da la razón a la Abogacía del Estado” en su litigio con la familia Franco.
Según el Ejecutivo, los jueces vienen dando la razón de forma sistemática a la Abogacía del Estado en todo este proceso judicial, “como ya hicieron al determinar que el Pazo de Meirás es un bien de dominio público”, han apuntado.
HASTA EL FIN DEL PLEITO
El juez ha estimado la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado al nombrar depositario de los bienes que están en el interior del Pazo a la Administración General del Estado
El auto establece que el depósito de estos “se extenderá temporalmente hasta que se ponga fin al pleito mediante la oportuna sentencia, y que consistirá en las medidas de especial custodia y conservación que aquella considere oportunas, debiendo dar cuenta a este Juzgador de las mismas”.
Además, según destacan desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el juzgado ha condenado a la familia Franco a pagar las costas del juicio.
En el auto, que se hizo público este mismo viernes, el juez resuelve favorablemente la medida cautelar solicitada por la Administración General del Estado y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, y decreta que los bienes identificados en la demanda, incluidos los que pertenecieron a la escritora Emilia Pardo Bazán queden en depósito bajo la custodia del Estado.
En más de 20 páginas, el magistrado Roberto Fernández, recuerda que los dos requisitos indispensables para aceptar unas cautelares son la apariencia de buen derecho de la petición, y el peligro que puede suponer para el bien a proteger el hecho de no adoptar una medida de forma urgente.
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