Será trasladado a la Fegamp, que presentó un informe propio que señalaba un sobrecoste de 624 millones por atribuciones no municipales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)
Un informe elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) a petición de la Xunta atribuye a las entidades locales las competencias sobre prestaciones sociales básicas, como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), y las escuelas infantiles de 0 a 3 años que sean de titularidad municipal.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha comparecido en rueda de prensa este jueves tras la reunión semanal de su Gobierno, en la que han abordado este estudio sobre delimitación competencial entre los ayuntamientos y la Administración autonómica que nació de un convenio del 2020.
En palabras de Rueda, el informe respalda que “las entidades locales están obligadas a la prestación de servicios sociales comunitarios básicos” como es el SAF. Así, ha recalcado que los que van más allá de este grupo y se ponen en marcha de manera “voluntaria” no tienen “base legal” para poder reclamar que lo asuma la Xunta.
De hecho, según recoge el documento, la ley de racionalización y sostenibilidad financiera de las administraciones locales, del año 2013, supuso una nueva configuración de las competencias municipales y estableció que estas administraciones no pueden asumir ninguna atribución distinta a las propias si no garantizan su sostenibilidad financiera.
Siguiendo estos argumentos, el informe refiere, tal y como ha puntualizado Rueda, que los costes derivados de las escuelas infantiles “serán asumidos por la administración que tenga la titularidad”. También es competencia de las entidades locales la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los colegios donde se imparten en exclusiva Educación Infantil, Primaria y Especial.
En cambio, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional corresponden a la Xunta, mientras que aquellos que sean mixtos –que engloben, por ejemplo, Infantil y Secundaria– reparten los gastos “en función de la superficie dedicada a cada nivel formativo”.
Además, aunque debe hacerse cargo de las mejoras de los edificios escolares, la Administración autonómica reivindica que ya asume “a través de subvenciones y sin estar doblegada a hacerlo” costes que corresponden a los municipios, como el combustible para la calefacción y el servicio de limpieza.
En el caso de los comedores escolares, el informe los encuadra en el ámbito municipal por ser un recurso complementario a la educación. Eso sí, el transporte escolar es competencia de la Xunta.
SANIDAD, EMERGENCIAS Y ABASTECIMIENTO
En sanidad, el estudio da al Gobierno gallego la “competencia para asumir” los centros de salud de titularidad local y sustituirlos por nuevos del Sergas, igual que las unidades asistenciales de drogodependencia.
En lo referido a la atención a las emergencias, los bomberos, salvamento, protección civil corresponden a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones, en los municipios más pequeños. También es así en el socorrismo en zonas de baño, aunque la Xunta colabora en su regulación y en la habilitación de un registro profesional, entre otras cuestiones.
Asimismo, la Administración autonómica insiste en que los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración son de competencia municipal con el apoyo de las diputaciones, pese a que la Xunta está “apoyando financieramente” esta labor.
TRASLADO “INMEDIATO” A LA FEGAMP
Todo ello parte de un informe que se solicitó a la USC a raíz de la pandemia de la covid-19, que hizo surgir nuevas necesidades sociales que, en algunos casos, asumieron las administraciones locales. Por ello, en 2020, la Xunta y la universidad firmaron este convenio, del que “se descolgó” la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Este informe, que el Gobierno autonómico trasladará “de inmediato” a la Fegamp, se conoce después de uno que elaboró esta última entidad y que apuntaba que los ayuntamientos asumen anualmente un déficit de 624 millones de euros por la prestación de servicios que no les corresponde.
Preguntado sobre si el documento del que dispone la Xunta incluye alguna cifra, Rueda ha señalado que “no debería ser ese el debate”. “Entrar en los costes económicos deberíamos hacerlo al final”, ha añadido, para evitar “entrar en una guerra de cifras”.
A juicio del presidente, lo primero es delimitar las competencias para luego “llegar a acuerdos” sin necesidad de acometer traspasos de competencias que llevarían a “paralización de los servicios”.
OTROS ASUNTOS LOCALES
Por otra parte, el Consello de este jueves ha alcanzado varios acuerdos en materia local. Entre ellos, el inicio de la segunda fase de un convenio entre la Consellería do Medio Rural y los ayuntamientos de la comarca ourensana de A Limia para aportar más de 550.000 euros de las arcas autonómicas a la segunda fase del plan de reparación de caminos.
Se actuará sobre unos 17 kilómetros de 12 caminos empleados, fundamentalmente, por agricultores y ganaderos de los municipios de Baltar, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio y Xinzo de Limia.
De igual modo, el Gobierno gallego ha aprobado el acuerdo con el Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña) para construir un nuevo auditorio. La Xunta aportará 200.000 euros en diferentes anualidades hasta el 2024.
Mientras tanto, el Consello ha dado su visto bueno a los decretos por los que se aprueban los nuevos escudo y bandera del ayuntamiento de Abadín (Lugo), y la bandera de Mugardos (A Coruña), que ya habían recibido el informe favorable de la Comisión de Heráldica el 21 de noviembre.
- Te recomendamos -
