La empresa querellante le acusa de modificar la fecha de un documento ante el requerimiento del Juzgado por una denuncia contra su predecesor
PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
El director general de Política Industrial del Govern balear, Antoni Morro, ha comparecido este miércoles en calidad de investigado en un Juzgado de Instrucción de Palma, donde ha defendido la legalidad de una resolución denunciada como prevaricadora por una empresa de Mallorca.
Este miércoles estaba citado Morro junto a una asesora jurídica de la Dirección General, que firmó un informe sobre el que se basa la resolución objeto de la querella.
La investigación deriva de otras actuaciones judiciales previas. La empresa denunciante, Grupo Fabkina, presentó una querella contra el anterior director general, Manuel Porras, por unas sanciones por incumplimientos de la normativa por parte de una sociedad náutica. Los incumplimientos están relacionados con instalaciones energéticas en el varadero de Palma.
En concreto, la empresa querellante considera que se dejaron de multar una serie de incumplimientos graves que se quedaron fuera del proceso, y que los seis procedimientos de sanción que sí se iban a iniciar se quedaron paralizados y nunca se aplicaron. Por este motivo Fabkina presentó una querella contra Porras, quien finalmente fue exonerado.
Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, a raíz de este procedimiento judicial, en septiembre de 2020 el Juzgado libró un oficio a la Conselleria solicitando el expediente completo, y apenas un día después la empresa denunciante recibía una nueva resolución de la Conselleria que revocaba las seis sanciones propuestas inicialmente.
Esta nueva resolución, revocando la anterior, llevaba fecha de finales de julio y no estaba firmada digitalmente. Por ello, la empresa presentó una ampliación de querella sosteniendo que en el documento se habría falsificado la fecha con posterioridad al requerimiento del Juzgado. Por ello ha sido citado por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público.
Según las fuentes consultadas, en su declaración, tanto Morro como la asesora han defendido la legalidad de su gestión, afirmando que la fecha que aparece en el documento es la auténtica. En este sentido, han asegurado que consideraban que la resolución sobre las sanciones revocada era nula por defectos de forma. También han indicado que la firmaron a mano y que en aquel momento desconocían que hubiera en marcha una investigación penal.
Además de las declaraciones también ha comparecido un perito que elaboró un informe sobre el código seguro de verificación digital de la resolución cuestionada.
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