SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que el nuevo modelo de financiación universitaria para el periodo 2023-2027 “dará estabilidad a las instituciones académicas públicas a medio plazo, promoverá su crecimiento y responderá a las singularidades de cada una de ellas”. Durante su intervención en Comisión parlamentaria, ha asegurado que su departamento está inmerso en la elaboración del documento, después de la reunión mantenida el pasado 18 de noviembre con los rectores de las diez universidades públicas que sirvió para definir las directrices que guiarán ese diseño.
Gómez Villamandos ha subrayado que “los avances que se produzcan en las siguientes reuniones estarán presididos siempre por el consenso entre las partes”. “Nuestra voluntad es alcanzar el mejor modelo posible, capaz de incrementar la competitividad de todo el sistema público andaluz frente a las instituciones del entorno nacional, europeo e internacional, mejorando su capacidad para atraer el talento y para aportar retornos al territorio en el que se ubican”, ha añadido.
Además de todo ello, el nuevo modelo 2023-2027 se ajustará a la actual coyuntura económica nacional e internacional que, entre otros aspectos, ha provocado una subida descontrolada de los precios energéticos o un incremento histórico de la inflación, unos factores que también han afectado gravemente a los gastos corrientes que han de asumir las universidades públicas andaluzas.
El documento determinará la forma en que se distribuirá entre las diez instituciones académicas la cifra global recogida para este fin en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Para ello se atenderá a los principios básicos ya recogidos en la propia Ley Andaluza de Universidades: suficiencia financiera, integridad del sistema educativo andaluz, corresponsabilidad de las instituciones académicas en la obtención de recursos para su financiación o convergencia de la situación financiera de todo el sistema público. También se incentivarán las reformas en las universidades a través de los contratos programa, que serán negociados con cada una de ellas.
El consejero ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo autonómico con la universidad pública se traducirá en 2023 en un incremento de recursos para su financiación. Los presupuestos consignan una partida de 1.687,5 millones, lo que supone una subida del 7,36% respecto a las cuentas prorrogadas de 2022. “Esta dotación, además de sufragar los apartados habituales correspondientes a los gastos corrientes y de personal, también se empleará para sustentar los planes propios de investigación de cada una de las universidades”, ha matizado.
Gómez Villamandos ha explicado que dicha consignación permitirá llevar a cabo, entre otras medidas, la bonificación de matrículas por rendimiento académico, a la que se aplicarán 45 millones en 2023. También se incluyen la reducción del precio de la matrícula de los másteres habilitantes, igualándolos al precio fijado para los grados, con una asignación de 1,3 millones; o el aumento de un 5% del complemento autonómico para el programa Erasmus+, que contará con doce millones el próximo año.
El consejero ha asegurado que su departamento garantiza para el próximo año el aumento salarial del 3,5% aprobado en octubre por la Mesa General de Negociación de la Función Pública y que tiene como objetivo mejorar las retribuciones de los empleados públicos. Esa alza de retribuciones de 2023 tendrá una parte fija del 2,5% y una variable del 1%, que se divide en 0,5 puntos, si la suma del IPC de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6% y otros 0,5 puntos, si el PIB nominal de 2023 llega al 5,9%.
PRESUPUESTO DE 2022
Gómez Villamandos ha aplaudido que la Junta ha cumplido los compromisos adquiridos con respecto a la financiación autonómica dirigida a las diez instituciones académicas públicas para el ejercicio 2022 y aprobada por unanimidad recientemente en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU).
La dotación final, que se cuantifica en más de 1.581 millones, incluye la transferencia excepcional de 44,6 millones que se hizo a principios de año y los 21 millones acordados el pasado mes de abril con los rectores y ratificados en septiembre por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Esta última aportación garantiza el abono del 2,8% más de la cota de personal de la que se beneficiaron en 2021, que incluye la subida salarial del 2% aprobada entonces y el crecimiento vegetativo, equivalente al 0,8%. A ese porcentaje tan solo habrá que añadir ahora la aplicación del último aumento salarial con carácter retroactivo anunciado por el Gobierno central, cuantificado en un alza del 1,5%.
POR ANDALUCÍA ABOGA POR BUSCAR LA “ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA”
En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria del Grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha mostrado su preocupación ante los Presupuestos de la Junta para 2023 en materia de 2023, señalando que “no tienen una vocación expansiva y nos preocupa la viabilidad en el funcionamiento dado la tasa de inflación”. Así, ha criticado que las inyecciones presupuestarias de urgencia “no son un plan idóneo”, exponiendo que debe primar la búsqueda de la estabilidad presupuestaria para que las universidades puedan pagar todos sus gastos sin depender del Gobierno.
En este sentido, ha preguntado si las universidades públicas andaluzas tienen previsto algún plan de sostenibilidad y eficiencia energética ante la subida de los costes, poniendo como ejemplo la restricción en el uso de la calefacción en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), a lo que el consejero ha respondido que “estamos trabajando con la Agencia andaluza de la energía, y ya hay universidades dentro de la red de gestión enérgica que van a ser beneficiadas”.
Sobre el nuevo modelo de financiación, Gómez ha puesto de relieve “el efecto perverso” que puede suponer las diferencias económicas entre universidades, “engordando a las más grandes y provocando problemas en las más pequeñas”.
A este respecto, el parlamentario del Grupo Popular Daniel Castilla ha señalado que el nuevo modelo “debe analizar las necesidades de cada una de las universidades”. “Cada una tiene su idiosincrasia, tamaño, virtudes y carencias y el nuevo plan debe entender estas diferencias aplicando un estudio diferente y personalizado dentro del marco general”, ha apostillado.
“Este modelo debe analizar la justa distribución de financiación en función de sus propias ideas de desarrollo y el marco financiero que nos encontremos, marcado por la inflación, subida de materias primas y crisis económica”, ha añadido Castilla, quien ha valorado que la Consejería de Universidades “ha trabajado en la elaboración del nuevo plan con las universidades, sin imposiciones, manteniendo un diálogo permanente, una premisa fundamental en el gobierno de Juanma Moreno”.
De otro lado, el parlamentario del Grupo Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha reclamado “más explicaciones y transparencia” en relación a las pautas y criterios objetivos que definen el nuevo modelo de financiación.
Por último, el parlamentario socialista José Aurelio Aguilar ha puesto de relieve que Andalucía “tiene un buen sistema universitario público” pero “no es invulnerable”, y “si no lo dotamos adecuadamente corre riesgo de deterioro”. “Antes de abordar el modelo de financiación, es bueno saber qué modelo de universidad queremos”, ha precisado. Ha remarcado que para la pública “no es un reto la universidad privada”, ya que “es la que garantiza la igualdad”. “No puede ser que no haya apoyo a estas instituciones, generando así un espacio de negocio para la privada”, ha concluido.
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