La designación de Campo y Díez complica los contactos en el Consejo para nombrar a sus dos aspirantes al TC
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Los negociadores del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado más tiempo a sus pares progresistas para valorar el impacto de los nombramientos realizados por el Gobierno para el Tribunal Constitucional (TC) –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– en las negociaciones internas del CGPJ para designar a sus dos aspirantes y completar así el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación en el TC.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la reunión de la comisión negociadora celebrada este jueves ha sido breve –apenas cinco minutos– porque básicamente ha servido para que los representantes del bloque conservador –José Antonio Ballestero y Carmen Llombart– trasladaran a sus colegas progresistas –Álvaro Cuesta y Roser Bach– que aún no estaban listos para retomar las conversaciones.
La razón, de acuerdo con dichas fuentes, es que los vocales conservadores aún no han tenido tiempo para estudiar cómo puede afectar a la negociación en el CGPJ el hecho de que el Ejecutivo nominara ayer a Campo y Díez como sus dos candidatos al Constitucional. Así, han pedido a sus homólogos progresistas verse mañana para celebrar el cónclave conservador este jueves por la noche y poder acudir a la mesa de negociaciones con una posición clara.
Las citadas fuentes ya avanzaron el mismo miércoles a Europa Press que la designación de Campo y Díez complicaba las conversaciones en el seno del CGPJ porque en el ala conservadora creen que los nominados por Moncloa son dos perfiles excesivamente politizados que habría necesidad de compensar apostando desde el Consejo por dos aspirantes intachables desde la óptica de la imparcialidad.
Campo fue el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña y que posteriormente regresó a la Audiencia Nacional para integrarse en su Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con trasfondo político. Díez, por su parte, es una catedrática de la Universidad de Barcelona que fue asesora del Govern para la reforma del Estatut y ex alto cargo en el Ministerio de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
La reunión de este jueves se fijó la semana pasada después de que los negociadores llegaran a un punto muerto porque los vocales conservadores insistieron en la necesidad de cambiar las reglas del juego para evitar lo que describen como un “reparto de cromos”, de modo que los dos nombres se negocien de forma conjunta. Reaccionaban de esta manera al candidato lanzado por los progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.
PRIMERA VOTACIÓN, EL 22 DE DICIEMBRE
Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press, manejan seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
No obstante, las fuentes consultadas indican que mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.
Por ahora, el CGPJ se ha comprometido a celebrar una primera votación en su Pleno ordinario del próximo 22 de diciembre, si bien las fuentes subrayan que es probable que ese día no haya fumata blanca, lo que podría postergar cualquier acuerdo al próximo año.
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