MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles que el Gobierno regional pondrá fin a la eventualidad en la sanidad pública madrileña convirtiendo a todos los profesionales sanitarios eventuales en interinos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ayuso explicó que en 2022 habrán adquirido la condición de personal fijo de la sanidad pública madrileña un total de 10.000 profesionales del Sistema Madrileño de Salud (Sermas).
“La sanidad ha sido, es y será una prioridad de mi Gobierno y prueba de ello es que nunca como ahora se había destinado tanto presupuesto a nuestra sanidad pública y nunca como ahora había habido tantos profesionales sanitarios contratados en el servicio público de salud”, destacó la presidenta. En concreto, el Ejecutivo regional dará un paso definitivo en la estabilidad de las plantillas del Sermas, haciendo interinos a todos los eventuales que terminen su contrato el próximo 31 de diciembre, una medida que mejorará la calidad y la estabilidad de más de 2.000 profesionales, 213 de ellos de Atención Primaria.
En diciembre se van a adjudicar casi 1.000 plazas fijas de Médicos de Familia (609) y Pediatras (355). En total, en 2022, habrán adquirido la condición de personal fijo más de 10.000 profesionales del Sermas (10.088). Y, entre 2023 y 2024, se sumarán otras 22.390 plazas fijas más. Es decir, con los distintos procesos de estabilización en marcha, en los próximos dos años el 86% de los trabajadores del Sermas será fijo, según los datos del Gobierno regional.
INCENTIVOS
Por otro lado, la presidenta explicó que se pondrá en marcha un nuevo sistema de agendas que permitirá mejorar el servicio, haciéndolo más eficiente, incentivando la absorción del exceso de demanda asistencial y ofreciendo más tiempo de atención por paciente.
Además, aseguró que gracias a ello se va a retribuir adecuadamente a aquellos profesionales que más citas atiendan, es decir, aquellos que superen los pacientes programados en su agenda, 34 en Medicina de Familia y 24 en Pediatría, y quieran voluntariamente ver a más dentro de su jornada.
Asimismo, el Ejecutivo madrileño incentivará aquellas plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses y se establecerá un programa específico de fidelización de residentes en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, por ser especialidades deficitarias, a los que se les ofrecerá un contrato de tres años cuando terminen su formación.
TARJETA VIRTUAL
Además, la Consejería de Sanidad está introduciendo una serie de mejoras en la funcionalidad de la Tarjeta Sanitaria Virtual, que en esos momentos lleva tres millones de descargas y usan de manera habitual más de un millón de madrileños.
Actualmente este recurso ofrece la cita sanitaria, con disponibilidad de las agendas de médicos y enfermeras de Primaria; la carpeta de salud con acceso inmediato a información clínica y administrativa del paciente; el acceso a los programas de cribado poblacional de colon y mama, Prevecolon y Deprecam, y el apartado ‘Mi Medicación’.
El Plan Integral de Mejora Atención Primaria cuenta con una dotación de 200 millones de euros, cumple ya un año de vigencia y es el resultado de una planificación estratégica que interviene sobre aspectos clave como mejoras retributivas, número de profesionales adecuados, plazas de difícil cobertura, mayor accesibilidad para el paciente o el impulso a nivel tecnológico y de infraestructuras.
Respecto a los incrementos salariales, el Gobierno regional sostiene que se han mejorado las condiciones de más de 11.000 profesionales de este nivel asistencial, con dos nuevos conceptos retributivos destinados a aquellos que prestan su servicio en los centros con mayor demanda y a los que cubren zonas rurales.
Afirma que estos nuevos complementos de productividad fija han supuesto de media 3.800 euros anuales para los médicos de familia y 3.300 para los pediatras en concepto de mayor población atendida, así como 3.600 anuales por ruralidad. A día de hoy, insiste el Ejecutivo autonómico, nueve de cada diez profesionales percibe, como mínimo, uno de estos dos conceptos en su nómina.
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