SAN SEBASTIÁN, 29 (EUROPA PRESS)
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha pedido al Ayuntamiento de Usurbil que cambie el nombre de la plaza Joxe Martin Sagardia, asesinado en 1980 por el Batallón Vasco Español (BE), y retire la placa en su honor, ya que considera que “vulnera la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo”.
El Consistorio de Usurbil, gobernado por EH Bildu, ha explicado que desde la Delegación han dado “un mes de plazo para cumplir su petición” y ha indicado que ha contratado a abogados expertos en la materia y está llevando a cabo un análisis jurídico para “defender este nombramiento que ha estado presente durante 40 años”.
Según ha recordado, la decisión de que la plaza frente al Ayuntamiento se llame Joxe Martin Sagardia se adoptó en 1982, por decisión del Pleno municipal. “Se propuso cambiar el nombre de la plaza del Ayuntamiento, hasta entonces plaza de los Tilos, en el segundo aniversario del asesinato de Joxe Martin Sagardia por parte del Batallón Vasco Español cuando se encontraba refugiado en la localidad vasco-francesa de Biarritz, con un artefacto explosivo bajo su coche”, han explicado las mismas fuentes.
En la propuesta presentada por la plataforma Usurbilgo Herri Lan (UHL), por un lado, se denunciaba la “marginalidad del Gobierno francés ante el asesinato, apoyando la persecución estatal contra Euskal Herria”.
Por otra parte, se solicitaba el cambio de nombre de la plaza y la colocación de la placa. La moción fue votada punto por punto y “el punto correspondiente al cambio de denominación fue de cinco concejales a favor, tres en contra y una abstención”.
El Ejecutivo local de Usurbil ha considerado que la petición del Gobierno central es “una medida contra la convivencia, que esconde detrás el deseo de eliminar la violencia de Estado”. “En Euskal Herria, lamentablemente, ha habido muchas violencias y hay que reconocer a las víctimas que todas han causado”, ha remarcado.
Además, ha recordado que “Sagardia fue reconocido como víctima, en la pasada legislatura, por el Instituto Vasco Gogora, en el informe denominado ‘Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida cometidas en el caso vasco’ relativo a Usurbil”.
A juicio del Ejecutivo municipal, se trata “no sólo de una petición contra la convivencia, sino también de una medida contraria a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y a la autonomía de los ayuntamientos”.
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