La empresa pública cuyo ex jefe de seguridad es uno de los dos procesados indica que el contrato busca “actualizar el informe” de 2018
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)
En enero de 2018, el instructor de la causa por el accidente del tren Alvia dio por presentado por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) un informe del consultor Antonio Puyol, al que la empresa pública había adjudicado por 58.900 euros (71.269 euros con impuestos) la elaboración de este peritaje, sobre “análisis de riesgo” en relación con el siniestro ferroviario ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013.
En septiembre de ese año, este ingeniero, que dirige la empresa especializada en instalaciones ferroviarias Airtren, ratificó en sede judicial su peritaje. Entre otras tesis, en consonancia con lo redactado en su informe pericial, Puyol defendió que la desconexión del sistema ‘ERTMS’ en la curva de A Grandeira, donde murieron 80 personas y 145 resultaron heridas, “no afectaba a la seguridad” del tramo.
Ahora, con fecha del pasado 25 de noviembre, la plataforma de contratación del sector público acaba de publicar otro anuncio de adjudicación por valor de 60.000 euros (72.600 euros con impuestos) para Puyol, al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, se le adjudican ‘servicios para el análisis técnico pericial y testifical relativo al procedimiento judicial sobra la línea 082 entre Ourense y Santiago de Compostela’. Puyol está citado para declarar en calidad de perito el próximo 31 de enero.
Licitado de nuevo por procedimiento negociado sin publicidad, en este expediente consta que fue la oferta “económicamente más ventajosa” y se le da un plazo de ejecución de 12 meses.
Según fuentes de Adif consultadas por Europa Press, el contrato “tiene por objeto actualizar el informe elaborado por el Sr. Puyol, a la luz de todo lo que se ha ido incorporando a la causa tras su elaboración”.
EL JUICIO
El juicio por el siniestro ferroviario ocurrido en Angrois en julio de 2013 comenzó el pasado 6 de octubre en la Cidade da Cultura, sede temporal del juzgado de lo penal número 2 de Santiago, que tiene que determinar las responsabilidades por las que están procesados el maquinista Francisco Garzón y el ex jefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.
A Garzón se le juzga por tomar la curva con un exceso de velocidad, ya que frenó tarde, tras atender la llamada al teléfono corporativo del interventor. Mientras, Cortabitarte se sienta en el banquillo de los acusados por el análisis de riesgos. A ambos se les atribuyen 80 supuestos delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.
“JUBILADO ACTIVO” EN AITREN
Precisamente para Airtren trabaja, como “jubilado activo”, Emilio Martín Lucas, quien compareció la semana pasada en calidad de testigo-perito en el juicio.
Martín Lucas era uno de los técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) que suministró los sistemas de seguridad para Ourense-Santiago. Después, de julio de 2020 a abril de 2022, fue nombrado vocal de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).
Airtren se define como una compañía de ingeniería especializada en el mundo de instalaciones ferroviarias y ofrece servicios de consultoría. Entre sus clientes, según recoge su página web, están Adif, Renfe, el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Este martes comparece en calidad de testigo-perito el que era director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, que llegó a estar investigado en instrucción y que presentó su dimisión tras reunirse las víctimas con el exministro de Fomento José Luis Ábalos.
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