GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
El proceso participativo abierto para el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada deja en el centro de la capital una llamada de atención por los vecinos de este distrito, que incluye zonas históricas como la del Realejo o la Alcaicería, sobre el riesgo de lo que denominaron “barrios vaciados”.
En el documento con sus aportaciones, consultado por Europa Press, tras una reunión con los técnicos que redactan el avance el pasado 19 de mayo, en relación con la vivienda, se agruparon las ideas surgidas en torno a las categorías compra, alquiler y estado de las casas. Este edicto de participación cuenta con diez días formales para subsanaciones, según marca la normativa, pero desde el Ayuntamiento han indicado que se podrán seguir haciendo después de ese plazo, al igual que las sugerencias que pueda haber al avance.
En lo relativo al distrito Centro, los vecinos también han llamado la atención sobre “el exceso de viviendas turísticas”, sugiriendo al Ayuntamiento “imponer una moratoria de licencias o una regulación municipal más estricta”, en tanto han señalado “el fraccionamiento de las propiedades que provoca la proliferación de dicho tipo” de alojamientos.
Muchas de las intervenciones, según este documento, apuntaron a “la multitud de viviendas vacías existentes”, hasta el punto de referirse a “barrios vaciados” dentro del distrito Centro, que agrupa entornos históricos como el del Realejo.
En este sentido, se apuntó a “la necesidad de realizar un inventario municipal de las viviendas vacías” así como a “aplicar políticas de rehabilitación y fomentar” un parque público municipal y “movilizar” a aquellas de “grandes propietarios para su puesta en alquiler social”.
Otros participantes aludieron a “la problemática de la ocupación ilegal de las viviendas vacías en los barrios del distrito” y a “la cantidad de infravivienda o de viviendas viejas y abandonadas, y la necesidad de controlar su proliferación a través de ayudas municipales a la rehabilitación”.
En este sentido, se solicitaba un registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, en una reunión en que uno de los temas más señalados fue “la subida de los precios del alquiler”, en torno a la que se apuntaron varias cuestiones, entre ellas la demanda de bonificaciones para los de larga duración.
Asimismo, se solicitó la declaración del distrito Centro como “una zona de tensión para limitar los precios del alquiler” y un parque público de vivienda para el alquiler social; así como un registro, que distinga si está destinada a ser alquilada por habitaciones, como una forma de controlar también la dinámica en torno a los pisos de estudiantes.
Se planteaba a su vez “la necesidad de un precio máximo de alquiler por metro cuadrado según la renta mediana previo censo o registro de los precios actuales de vivienda de alquiler; a la par que se exigía al Ayuntamiento “comprar a los bancos y fondos de viviendas ocupadas sin contrato o desahuciadas por impago” para “ponerlas al alcance de las familias” que las “habitan”.
En este contexto, según el documento, que forma parte del proceso participativo para el avance del nuevo PGOU, la demanda de VPO “es transversal” en tanto su “escasez” es “grave”, defendiendo los vecinos que tomaron parte en la reunión “la compra municipal de paquetes de viviendas de bancos y fondos al bajo precio que fueron vendidos”.
Finalmente, se apuntaba también en torno a esta materia “la necesidad de favorecer las cooperativas de vivienda en cesión de uso y de la puesta en marcha de programas específicos para colectivos determinados” como jóvenes o mayores, “además de llevar a efectos la declaración de Granada como ciudad libre de desahucios, paralizando la intervención de la Policía Local en ellos”.
CUEVAS DE SAN MIGUEL
Por otro lado, en el documento correspondiente al proceso participativo en el distrito Albaicín, una de las temáticas más señaladas por los vecinos fue la relativa a las cuevas del Cerro de San Miguel Alto y su “revalorización como patrimonio de la ciudad de Granada y de la humanidad”.
Así, se pedía el reconocimiento de San Miguel Alto como “barrio histórico de cuevas y de arquitectura vernácula”, así como su declaración como “patrimonio etnográfico de Granada” y la no especulación con estos terrenos, para, en paralelo, reconocer “el trogloditismo como un modelo de vida inherente al barrio y como ejemplo de sostenibilidad”.
En este sentido, se solicitaba la protección de las cuevas y también de sus habitantes, además de “la creación de huertos urbanos en el Cerro de San Miguel en oposición a la especulación relacionada con el turismo”.
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