Propone eliminar la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante y las rebajas del IVA de la electricidad y del gas
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Funcas considera preciso “acotar” la dimensión y los beneficiarios de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la actual coyuntura económica, atendiendo también a su coste y a su impacto redistributivo.
En su último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, la organización señala que, dependiendo de cómo se concrete el paquete de medidas fiscales para afrontar la crisis energética y los efectos de la inflación en 2023, “el impacto presupuestario podría añadir más de un punto porcentual al déficit del conjunto de las administraciones públicas”.
“La aplicación generalizada de las medidas anticrisis a lo largo del próximo año chocaría con el objetivo de contención de la inflación”, advierte Funcas.
La entidad señala que el aumento estructural del gasto se deriva principalmente de la revalorización de todas las pensiones públicas, cuyo coste podría superar los 16.000 millones de euros y que se consolida en los siguientes ejercicios presupuestarios.
Para Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada e investigador de Funcas, la evaluación final de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 dependerá de cómo se concreten las medidas de respuesta a la crisis y de su coste estimado.
Así, defiende que debe encontrarse una solución eficaz en sus resultados, pero financiable y coherente con el margen fiscal “en un entorno que tiende a empeorar”, por lo que aboga por “ser muy selectivo” en las medidas a prolongar, e incluso no agotar ya en diciembre el margen disponible ante la posible aparición de nuevas necesidades en los próximos trimestres.
Dentro de esa selección, Lago destaca dos medidas “candidatas” a su recorte o desaparición: la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de carburante y las rebajas del IVA de la electricidad y del gas.
Por su parte, Desiderio Romero-Jordán, también investigador de Funcas, advierte, dentro de los PGE para 2023, de una “preocupante disfunción” entre los aumentos de recaudación a corto plazo y el incremento de gastos de naturaleza estructural, “lo que añade presión al deterioro del déficit estructural español”.
Romero-Jordán echa de menos una reconsideración más a fondo del sistema fiscal español y urge a afrontar las políticas de gastos e ingresos públicos con una visión “menos cortoplacista”, con criterios tanto de equidad como de eficiencia, que permitan hacer frente a problemas venideros.
MEDIDAS PARA CORREGIR EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por su parte, el catedrático Eduardo Bandrés analiza en un artículo de la publicación de Funcas los presupuestos de la Seguridad Social para 2023, que suponen más del 41% del gasto consolidado de los PGE.
Bandrés recuerda que en los tres últimos años, el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social se ha subsanado en parte con el aumento de las transferencias del Estado, de modo que los impuestos representan actualmente un 20% de los ingresos de la Seguridad Social, y en parte con préstamos del Estado para financiar el déficit.
“Más allá de la resolución de un problema de insuficiencia de recursos, cubrir el desequilibrio financiero con impuestos equivale a traspasar el déficit al Estado, aumentando así el déficit estructural de las administraciones públicas”, advierte.
En este contexto, considera que la revalorización de las pensiones públicas adquiere una especial relevancia, pues, junto con el aumento del número de pensionistas y de la pensión media, “desbordarán las previsiones de gasto para 2023”.
“El problema sigue estando en el déficit presente y futuro del sistema contributivo de la Seguridad Social y en la necesidad de arbitrar medidas, también por el lado del gasto, que corrijan esa situación”, apunta.
DESACELERACIÓN DEL CRÉDITO
En otro orden de cosas, los expertos de Funcas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez advierten de que la subida de tipos de interés está provocando una desaceleración del crédito en España, detectándose ya “una cierta retracción de la financiación, en particular en el segmento de la vivienda, aun cuando los tipos medios hipotecarios están entre los más bajos de la eurozona”.
En cuanto a la financiación a empresas, observan un comportamiento “más desigual”, con un crecimiento “moderado” y distinto en función de los sectores económicos.
Aunque la situación bancaria constata una ligera mejora de la rentabilidad y de los indicadores de solvencia, los autores avisan de que la subida de tipos y la desaceleración de la economía en un contexto de elevada incertidumbre “podrían afectar a las tasas de morosidad, especialmente en los sectores más expuestos al impacto de la crisis”.
En la misma línea, otro de los expertos de Funcas, Joaquín Maudos, concluye que, a pesar de la contención de la morosidad durante la crisis del Covid, ésta sigue siendo mayor en la banca española que en la europea, por lo que deben proseguir los esfuerzos por reducirla.
Además, dada la incertidumbre macroeconómica, advierte de que no debe bajarse la guardia en materia de provisiones “porque lo más probable es que la tasa de morosidad repunte en los próximos meses”.
Aunque predomina el número de sectores en los que en España ha reducido la tasa de morosidad, hay ramas en las que ha aumentado intensamente de 2019 a 2022, en especial en las más afectadas por las medidas para paliar los efectos de la pandemia.
Es el caso de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, donde la tasa se ha duplicado, pasando del 7,12% al 14,75%, o de la hostelería, cuya tasa de morosidad ha subido del 5,15% al 9,26%.
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