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Presidente del TSJPV critica eludir informes de CGPJ para modificar sedición y está contra rebajar penas en malversación

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Cree que el planteamiento para castigar el mal uso de fondos públicos debería seguir el camino inverso porque “todo el rigor es poco”

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha asegurado, sobre la eliminación en el Código Penal del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, que lo importante no es el nombre, sino el contenido y no ve buena opción prescindir de los informes del CGPJ y del Consejo de Estado. Además, se ha mostrado en contra de despenalizar o de una penalización más atenuada del delito de malversación de fondos públicos. En su opinión, el planteamiento debería seguir el camino inverso.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha explicado el proyecto de reforma del delito de sedición exige “un debate sereno para ver exactamente qué criterios jurídicos tiene que presidir este tipo de figuras”.

“Creo que no es tan importante la denominación como el contenido de lo que se regula. Habrá que conocer en qué términos se plantea lo que parece que será una proposición de ley, que supone ya eliminar la posibilidad de contar con dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, cosa que no me parece una buena opción, y ver qué contenido se da a las figuras y cuál es la respuesta o la pena que se asigna a cada una de ellas, para comprobar si la reforma introduce variables mejores de las que actualmente está vigente”, ha manifestado.

Iñaki Subijana ha subrayado que “ahora lo que se han definido son líneas generales de actuación sin descender al contenido concreto”. En referencia a la modificación del delito de malversación, que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido que esté ligado a la sedición, ha advertido de que la sociedad “ha reivindicado la transparencia en la gestión pública y en la gestión de los caudales públicos”.

ADVIERTE DE QUE NO RESPONDE AL SENTIR SOCIAL REBAJAR LA MALVERSACIÓN

Por ello, cree que en esta materia “todo el rigor es poco” porque todos quieren “un contexto de máxima confianza y de máxima transparencia”. “Plantearse una despenalización o una penalización más atenuada de conductas de gestión inadecuada de los caudales públicos, creo que no responde al sentir social o comunitario”, ha indicado.

A su entender, esto “debilita el mensaje de que, quienes más ejemplo tienen que dar en la gestión pública y del patrimonio, la respuesta puede ser distinta y, al final, se pueden establecer elementos de rigor mucho más intenso para los particulares”, y que “ese rigor se atenúe en el ámbito de la gestión del caudales públicos, cuando da la sensación de que, teniendo en cuenta la intensidad de los bienes jurídicos que quieren proteger, probablemente el planteamiento debía seguir el inverso”.

“FRANCAMENTE LAMENTABLE” NO RENOVAR EL CGPJ

También considera “francamente lamentable” que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha afirmado que la responsabilidad es del Parlamento, no de los partidos políticos.

Subijana ha señalado que es el Parlamento, no los partidos políticos, por mandato constitucional, el que tiene que renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En su opinión, que durante cuatro años no se haya producido su renovación es “una muy mala noticia para los jueces y para los ciudadanos”. Por ello, ha insistido en que el responsable de esta situación es el Parlamento, “que tiene la capacidad para llevar a cabo esa decisión”.

El magistrado ha recordado que el anterior presidente del Tribunal Supremo y del Consejo de General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que finalmente ha dimitido, “hace ya cuatro años trasladó que lo que la Ley le obligaba, que era la necesidad de proceder a la renovación y, hasta ahora, el Congreso de los Diputados y el Senado, que son las dos instituciones que legalmente tienen conferida esta competencia, no la han ejercitado”.

Para el máximo representante del TSJPV, era “inimaginable” que se pudiera estar cuatro años sin renovar este órgano constitucional. “Ahora se aventura que puede ser un año más y, evidentemente, es una situación francamente lamentable, que supone un deterioro en la imagen institucional de la Justicia y que genera luego efectos prácticos concretos, por ejemplo, en designaciones como de los magistrados del TS o ahora del Tribunal Constitucional”, así como de presidencias de Tribunales Superiores o Audiencias Provinciales.

En este sentido, ha recordado que todavía no se ha cubierto la vacante de la presidencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que él abandonó cuando accedió a la presidencia del TSJPV.


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