MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, instó este lunes a “no dar mayor relevancia” al retraso en la aprobación de la futura Ley de trata por parte del Consejo de Ministros, que tendrá lugar, previsiblemente, en su reunión del próximo 29 de noviembre, si bien admitió la existencia de “matices” al respecto entre los socios de Gobierno.
Así lo aseveró en una rueda de prensa que ofreció junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y en la que, aunque reconoció que le “gustaría que se hubiera aprobado ya”, atribuyó dicha dilación a la “reordenación” que está llevando a cabo el Ministerio de la Presidencia con respecto a los asuntos a tratar de aquí a final de año en dichas reuniones.
“En cualquier caso, independientemente de la fecha en la que finalmente se apruebe la norma, responde más a una cuestión de ordenación de esta tramitación normativa que, como siempre sucede en todos los Gobiernos a finales de año, nos encontramos con un poquito de acumule”, sentenció, para insistir en que, para Igualdad, “cuanto antes se apruebe en esa primera vuelta, mejor”.
En este punto, recordó que el de Pedro Sánchez es “un Gobierno colegiado, como no podría ser de otra forma”, y reiteró que en su seno existen “debates y matices” que se van a “seguir teniendo y que son públicos”. “Nosotras creemos que es fundamental un cambio en la política de extranjería para poder proteger a las víctimas de toda la explotación sexual y tenemos diferencias de grado en este tipo de apuesta por esta política para proteger a las víctimas”, advirtió.
En paralelo, Rodríguez defendió que, una vez llega un texto al Consejo de Ministros, “los criterios de todos los ministerios están depositados en esa norma que, con mucho cuidado y rigor jurídico, se sintetiza”, por lo que subrayó que la Ley de trata que llegará a su reunión del 29 de noviembre “es la Ley de trata de todo el Gobierno”.
Con todo, a su entender, “lo más destacable” de esta norma es que “por fin” se va a aprobar una normativa en la que España “lleva muchísimos años de retraso” y que viene a solventar un “margen de impunidad absolutamente vergonzante para nuestro país” y el hecho de que las víctimas de trata “a día de hoy no han sido protegidas como tienen que serlo”.
“Se nos olvida que detrás de estos delitos hay mujeres que sufren estas vulneraciones de derechos humanos y para nosotras lo más importante que va a hacer esta norma es crear un mecanismo nacional de derivación que va a permitir que estas mujeres sean identificadas desde el primer minuto, con acceso a un permiso de residencia y trabajo que le corresponda en función del momento procesal, lo que va a permitir que se puedan recuperar”, detalló.
En esta línea, también se mostró convencida de que no hay “ninguna víctima” de trata que se pueda “recuperar del daño gravísimo que ha sufrido sin papeles, sin trabajo, sin casa y sin la atención integral que necesita para recuperarse de esa forma de violencia”.
Rodríguez incidió en que “sigue habiendo algunos aspectos” de esta Ley que a Igualdad le “gustaría poder matizar” con el Ministerio del Interior y en que resulta “evidente” que los socios tienen “discrepancias”, pero aseguró que esta Ley es “un buenísimo ejercicio de síntesis entre esa mirada policial, judicial y feminista” que los ministerios implicados están “intentando aportar entre todos” y sin las cuales “no sería una buena ley de trata”.
En la misma línea, Rosell reivindicó el “trabajo arduo” que ha llevado a cabo el Gobierno en torno a una Ley que, dijo, “llevamos algunas esperando más de una década” porque el fin de la trata “es, igual que el de la violencia sexual, uno de esos ámbitos donde el sistema no funciona, no es funcional a las víctimas”.
“Porque, si debajo del derecho penal, del sistema punitivo, no hay nada, las mujeres que se atreven a denunciar a menudo dan un salto y caen al vacío”, abundó, para señalar que, con las “leyes integrales” aprobadas, el Ejecutivo “construye una red de derechos sociales y, sobre todo, de protección y reparación integral que hacen, literalmente, que ese salto no sea mortal”.
ESTRATEGIA VIOLENCIAS MACHISTAS
En otro orden de cosas, por lo que se refiere a la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas que, con horizonte en 2025, el Consejo de Ministros aprobará este martes, la secretaria de Estado de Igualdad manifestó que, con ella, el Gobierno está “diseñando el mapa de instrucciones de las políticas públicas para los próximos años en materia de violencia contra las mujeres”.
“Los tipos de violencia que nuestro país reconoce así como los tipos de políticas públicas que nuestro país quiere hacer y los ámbitos en los que se van a hacer esas políticas públicas han crecido notablemente”, indicó, para poner como “ejemplos relevantísimos” el hecho de que, cuando se aprobó el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la violencia vicaria “era una cuestión en la que apenas incidíamos”; la violencia contra los menores, “igual”; el ámbito de la violencia digital, “lo mismo”; y el “trabajo con hombres, de manera similar”.
Por todo ello, se mostró convencida de la importancia de “poder actualizar cuál va a ser la hoja de ruta” de las instituciones públicas en esta materia “a la luz” de toda la “renovación” del ordenamiento jurídico y de los mandatos internacionales que, dijo, “están ahora mismo encima de la mesa”. “Esta estrategia es el resultado de todos esos avances y todas esas cuestiones que el Gobierno quiere proyectar para los próximos años”, apostilló.
“La lucha contra la violencia machista siempre debe ser mejorada, así que creemos que es la mejor de las noticias en la medida en que llevábamos ya desde el año 2016 sin una estrategia estatal contra las violencias machistas”, abundó, para lamentar que la anterior “estaba caducada y se ha quedado atrasada a la luz de todos los avances que, como país, hemos hecho”.
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