SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)
La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado este lunes la adjudicación a la empresa Telefónica del contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de las soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de la calidad del aire, la contaminación acústica y el aparcamiento, de cara a las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), por un presupuesto de 1,2 millones.
Así lo ha anunciado en un comunicado el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, quien ha destacado que este proyecto forma parte del plan ‘Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander’ para el que el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 7,6 millones procedente de los fondos europeos.
Según ha explicado, el despliegue de estos sensores facilitará la implantación de las futuras ZBE en la ciudad. En concreto, el contrato incluye el suministro, instalación y gestión de 10 estaciones para medir la calidad del aire, 40 sensores de ruido (sonómetros) y 455 de aparcamiento, así como 16 paneles LED de mensajería variable y 10 más, también LED, de aparcamiento.
Díaz ha subrayado los avances en los proyectos de movilidad financiados con fondos europeos y ha insistido en la necesaria moratoria hasta 2024 para la implantación de las ZBE, como han solicitado todos los municipios y partidos políticos a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
Igualmente, ha puesto en valor el trabajo que ha venido desarrollando el Ayuntamiento de Santander de cara a la puesta en marcha de estas zonas. Como ha recordado, comenzó con la contratación de una asistencia técnica para definir el ámbito y determinar la regulación que se debe aplicar, y continúa con el proyecto para el despliegue de los sensores que brindarán la información necesaria para su definición.
Díaz ha recordado que a día de hoy existe un vacío jurídico por parte del Gobierno central, “que sigue sin aprobar el Real Decreto que regula la implantación de las ZBE y ofrece seguridad jurídica a los ayuntamientos para su puesta en marcha”. El borrador establece que los consistorios tendrán que tramitar y aprobar una ordenanza municipal, algo que Santander ya está haciendo en el marco de la Mesa de Movilidad.
En este sentido, Díaz ha remarcado que los ayuntamientos no están para generar mayores incertidumbres a los vecinos. “Primero es necesario desarrollar la legislación y ofrecer seguridad jurídica, y a partir de ahí, se podrán establecer plazos aproximados. Seamos serios y rigurosos y apliquemos medidas eficaces y beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía desde la certeza y no desde la incertidumbre”, ha concluido.
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