PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)
Una manifestación, convocada por los agentes y sindicatos que conforman la Carta de Derechos Sociales, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y diferentes colectivos, ha reclamado este sábado en Pamplona un “reparto de la riqueza” para garantizar “una vida digna para todas las personas”.
La movilización, en la que han participado alrededor de 500 personas según la Delegación del Gobierno, ha partido a las 17.30 horas desde la plaza de la Constitución precedida por una pancarta con el lema ‘Ante el empobrecimiento, reparto de la riqueza’ y ha recorrido las calles de la capital para finalizar en la plaza del Castillo.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación, Imanol Pascual, coordinador de ELA en Navarra, ha advertido de que “estamos viviendo una fase de empobrecimiento de la clase trabajadora” debido a “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el precio de la energía y los alimentos, y el incremento de los tipos de interés”. Todo ello en un contexto en el que “las empresas del IBEX-35 y los bancos están multiplicando sus beneficios”.
En su opinión, “todo esto está sucediendo porque existe una estrategia compartida entre gobiernos y patronal” para que “los salarios tengan cada vez menos peso”. Así, ha puesto como ejemplo el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de Navarra para 2023 que contempla una subida salarial para los trabajadores públicos “por debajo del IPC”, además de “la obsesión de la patronal para tener bloqueada la negociación colectiva”.
Ante esto, ha destacado que la “alternativa” son las movilizaciones como las que se están realizando en las huelgas en el sector de la gestión deportiva o de residencias. También la manifestación de este sábado para exigir “una subida del salario mínimo y de las pensiones, defender la publificación del sector energético, poner en valor la necesidad de unos servicios públicos de calidad e insistir en la necesidad de abordar una reforma fiscal en profundidad para que los que más tienen sean los que más paguen”.
Sobre esta última cuestión, ha asegurado que “desde Europa e, incluso, dentro del Partido Socialista, están llegando voces a favor de una reforma fiscal”, entre las cuales “no se encuentra la de María Chivite que siempre insiste en que no es momento de subir impuestos a las empresas”. Y ha advertido que “si en los próximos meses no llevamos a cabo una reforma fiscal, van a venir recortes sociales”.
Por su parte, Imanol Karrera, portavoz de LAB en Navarra, ha afirmado que “en este país y en Euskal Herria uno de cada dos ciudadanos viven por debajo del ingreso necesario para tener una vida digna. Las personas en riesgo de pobreza no dejan de subir, también en Navarra”. “Es decir, para que Ignacio Sánchez Galán -presidente de Iberdrola- y Josu Jon Imaz -consejero delegado de Repsol- sigan multiplicando sus beneficios a pesar de la situación de emergencia que vive la sociedad, lo que tiene es que los trabajadores nos tenemos que empobrecer”, ha criticado.
Karrera ha demandado una reflexión en torno a la fiscalidad. Ha señalado que los empresarios apuestan por “bajar los impuestos” y defienden un modelo fiscal “que lo hace Navarra Suma pero también lo hace Ayuso en Madrid”. Y ha asegurado que en la Comunidad foral “hay una mayoría social que pide otra fiscalidad y un reparto de la riqueza”.
Por ello, ha reclamado a la presidenta María Chivite que “reparta la riqueza en Navarra” y “no acepte el veto de los empresarios para no moverse”. Igualmente, ha incidido en la necesidad de “controlar los precios”.
En esta línea, se ha preguntado por qué en Navarra “no tenemos una fiscalidad más justa” y ha señalado a NA+ pero también a PSN y Geroa Bai que, ha dicho, “no tienen la determinación suficiente para cambiar las cosas”. El representante de LAB ha reivindicado que se garantice “una vida digna para todas las personas y para ello es necesario el reparto de la riqueza, controlar los precios” así como “un trabajo conjunto entre organizaciones sindicales, pensionistas y organizaciones sociales para conseguir desde la calle las responsabilidades que no se asumen en las instituciones y los gobiernos”.
Al finalizar la movilización se ha leído un comunicado en el que se ha criticado el precio “desorbitado” de la vivienda, el “deterioro” de los servicios públicos y se ha advertido de la “crisis climática”. Y se ha reivindicado un salario mínimo de 1.400 euros, unas pensiones mínimas de 1.080 euros, “acabar con la brecha salarial”, una “red pública universal de calidad” en servicios de salud y sociosanitarios y la “paralización de los recortes” en la renta garantizada.
Además, se ha exigido al Gobierno de Navarra y de la CAV que “dejen de mirar a otra parte y hagan lo que tienen que hacer para garantizar unos servicios públicos, pensiones y salarios dignos” y se ha apostado por “un cambio de rumbo radical del sistema”.
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