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La Junta y los rectores comienzan a definir las directrices del modelo de financiación 2023-2027

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JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y los rectores de las diez universidades públicas andaluzas se han reunido este viernes para definir las directrices que guiarán el diseño del nuevo modelo de financiación para el periodo comprendido entre 2023 y 2027, un instrumento que el consejero confía que esté aprobado para primavera, “y si es antes de mayo muchísimo mejor”.

Gómez Villamandos ha destacado que con este modelo se garantizará la suficiencia financiera y se incrementará la calidad y la competitividad académica e investigadora de todo el sistema. La cita de este viernes, en la Universidad de Jaén, sirve para abordar los “principios generales” que van a regirlo, además de tratar otros asuntos.

Por ejemplo, la subida salarial del 3,5% aplicable al personal docente e investigador y a la plantilla de administración y servicios que la Junta garantizará en 2023, según ha transmitido en el encuentro Gómez Villamandos y recoge un comunicado de la Consejería.

Además, en el transcurso de la reunión se han abordado también las cuestiones más relevantes que se tratarán en la Mesa General de Negociación, que se convocará el próximo mes de diciembre, así como un avance del presupuesto de la Consejería para el año 2023 con el que se garantiza la financiación adecuada de las universidades, que recibirán fondos de otros capítulos, además del tradicionalmente destinado a universidades, lo que permitirá el desarrollo de actividades de contratación dentro de la Ley de la Ciencia y otras actividades de investigación.

Esta reunión se produce después de que el pasado 16 de noviembre el Consejo de Gobierno instase a la Consejería de Universidad a iniciar formalmente los trabajos para la elaboración del nuevo documento y tras una ronda de reuniones con todos los representantes de la comunidad universitaria y con los agentes económicos y sociales.

Desde septiembre se han mantenido contactos con los rectores, vicerrectores, agentes económicos y sociales y con el colectivo de estudiantes “para poder intercambiar las primeras aportaciones iniciales al respecto y para establecer un escenario de diálogo y colaboración que propicie contar cuanto antes con un esquema consensuado”, ha remarcado la Consejería en su nota de prensa.

Gómez Villamandos ha destacado que “ésta es la primera de las reuniones que se celebrarán para concretar los criterios con los que se distribuirán los fondos”, al tiempo que ha remarcado que “los avances que se produzcan estarán presididos siempre por el consenso entre las partes”. “Nuestra voluntad es alcanzar el mejor modelo posible, capaz de dar estabilidad a nuestras instituciones académicas a medio plazo, de promover su crecimiento y desarrollo y de responder a las singularidades de cada una de ellas”, ha explicado.

Para el consejero, el nuevo sistema de distribución deberá ser el instrumento con el que poder “incrementar la competitividad de todo el sistema público andaluz frente a las instituciones del entorno nacional, europeo e internacional, mejorando su capacidad para atraer el talento y para aportar retornos al territorio en el que se ubican”.

Además de todo ello, el nuevo modelo 2023-2027 “se ajustará a la actual coyuntura económica nacional e internacional que, entre otros aspectos, ha provocado una subida descontrolada de los precios energéticos o un incremento histórico de la inflación, unos factores que también han afectado gravemente a los gastos corrientes que han de asumir las universidades públicas andaluzas”.

El documento determinará la forma en que se distribuirá entre las diez instituciones académicas la cifra global recogida para este fin en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Para ello se atenderá a los principios básicos ya recogidos en la propia Ley Andaluza de Universidades: suficiencia financiera, integridad del sistema educativo andaluz, corresponsabilidad de las instituciones académicas en la obtención de recursos para su financiación o convergencia de la situación financiera de todo el sistema público. También se incentivarán las reformas en las universidades a través de los contratos programa, que serán negociados con cada una de ellas.

SUBIDA SALARIAL DEL 3,5% PARA 2023

Por otro lado, Gómez Villamandos ha comunicado a los rectores que la Consejería “garantiza” para el próximo año el incremento salarial del 3,5% aprobado en octubre pasado por la Mesa General de Negociación de la Función Pública y que tiene como objetivo mejorar las retribuciones de los empleados públicos. Con este porcentaje, se alcanza prácticamente la subida de cota de personal solicitada por los rectores, según ha aclarado.

Esa alza de retribuciones de 2023 tendrá una parte fija del 2,5% y una variable del 1%, que se divide en 0,5 puntos, si la suma del IPC de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6% y otros 0,5 puntos, si el PIB nominal de 2023 llega al 5,9%.

Este anuncio se ha realizado en la misma semana en la que el Consejo Andaluz de Universidades ha respaldado por unanimidad el reparto de la financiación autonómica dirigida a las diez instituciones académicas públicas para el ejercicio 2022. Este presupuesto garantiza el abono del 2,8% más de la cota de personal de la que se beneficiaron en 2021, contemplando la subida salarial del 2% aprobada entonces y el crecimiento vegetativo, cuantificado en 0,8%. A ese porcentaje “tan solo” habrá que añadir ahora la aplicación del último aumento salarial con carácter retroactivo anunciado por el Gobierno central, cuantificado en un alza del 1,5%.

La Consejería ya está trabajando para abonar los importes necesarios para que las universidades puedan, a su vez, pagar ese incremento a su personal. En ese contexto, el consejero de Universidad ha subrayado que, tanto en este año como para 2023, “el Gobierno andaluz cumple íntegramente” con sus compromisos dirigidos a mejorar las condiciones económicas de los funcionarios públicos”.

1.687,5 MILLONES PARA 2023

El presupuesto de la Junta destinado a la financiación pública universitaria para el ejercicio 2023 se eleva a 1.687,5 millones, una cuantía que supone un incremento del 7,36% respecto a las cuentas prorrogadas de 2022. Esta dotación, además de sufragar los capítulos habituales correspondientes a los gastos corrientes y de personal, también se empleará para sustentar los planes propios de investigación de cada una de las universidades.

Dicha consignación permitirá llevar a cabo, entre otras medidas, la bonificación de matrículas por rendimiento académico, a la que se aplicarán 45 millones en 2023. También se incluyen la reducción del precio de la matrícula de los másteres habilitantes, igualándolos al precio fijado para los grados, con una asignación de 1,3 millones; o el aumento de un 5% del complemento autonómico para el programa Erasmus+, que contará con doce millones el próximo año.

Asimismo, en el capítulo de universidades, se ha reservado por primera vez una partida de 3,8 millones para la nueva Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), que asumirá las tareas y competencias vinculadas con la evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, así como de las actividades de investigación científica y técnica de los agentes del sistema andaluz del conocimiento.


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