Piensan que la Fiscalía y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas pueden pronunciarse antes
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno cree que no es necesario esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie para unificar doctrina sobre la aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’ y apunta hacia la Fiscalía o los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, que pueden pronunciarse sobre el asunto antes que el TS.
Así lo indican fuentes de Moncloa que recuerdan en concreto que la semana que viene se producirá una reunión de las salas penales de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que previsiblemente estudiarán los efectos de la aplicación de la nueva ley, que ya ha provocado varias rebajas de penas de cárcel y excarcelaciones a condenados por delitos sexuales.
Además indican que la Fiscalía también puede fijar su posición antes de que el Tribunal Supremo establezca su criterio, que tiene sobre la mesa varios recursos contra sentencias por delitos sexuales donde los condenados han solicitado que se tenga en cuenta el cambio operado por la ‘ley del solo sí es sí’ en las próximas semanas.
En Moncloa son conscientes del efecto que está teniendo en la sociedad las sucesivas rebajas de penas y que seguirán apareciendo otras. Sin embargo, frente a la alarma social que puedan provocar, el Gobierno seguirá trasladando un mensaje de serenidad, como hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y este mismo jueves la portavoz, Isabel Rodríguez.
En esa misma línea sostienen que lo que está haciendo el Ejecutivo es ver qué está sucediendo y por qué, así como analizar todas las sentencias con rigor porque ven que no hay una causa general que explique todas las revisiones de sentencias.
Señalan por tanto que la posición del Gobierno pasa por respetar la función de los jueces, en la línea trasladó Isabel Rodríguez esta misma mañana y un día antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que rechazó las “descalificaciones” a los jueces “con carácter general” como cree que hizo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
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