MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha alertado este jueves de que las personas víctimas de siniestros de tráfico continúan desprotegidas seis años después de la actualización del baremo indemnizatorio.
Así lo ha denunciado la asociación, que ha hecho balance de lo que ha sido el 2022 en el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico que se celebra el próximo 21 de noviembre.
Para la organización, este ha sido un año “complejo en el que el objetivo prioritario ha sido defender a este colectivo ante la reforma del baremo indemnizatorio que ha sufrido una importante pérdida de derechos desde que entrara en vigor la reforma del Código Penal del 2015”.
En este sentido, la organización ha apuntado que “a pesar de que incluye una reparación íntegra y vertebrada del daño, a las víctimas se les cercena su total indemnidad, empezando por las sumas del baremo económico que resultan muy bajas, por ejemplo, las indemnizaciones por días de perjuicio personal, que económicamente están por debajo de lo que se indemnizaba en el año 1994, o las valoraciones por cada punto de secuela que son francamente mejorables”.
Por otra parte, ha recordado que en 2022 “se creó una alarma social” ante la problemática de la gestión de las indemnizaciones de tráfico y su posible tributación por IRPF. “Desde ANAVA-RC tuvimos que dejar claro que las indemnizaciones nos son incrementos de patrimonio sino una restitución de un perjuicio previo, consiguiendo que la ministra del ramo y la portavoz del Gobierno desmintieran que fuera la intención del ejecutivo hacer que las indemnizaciones tributaran. Sin embargo, la Ley donde las introducía sigue con su trámite por lo que seguimos muy atentos para comprobar que cumplen con su palabra”, ha dicho Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
FALTA DE TRATAMIENTO MÉDICO EN LOS LESIONADOS
Asimismo, ANAVA-RC ha constatado la gradual pérdida del derecho fundamental a la salud y la integridad física y ha reclamado un correcto tratamiento médico y asistencial de las víctimas, que también ha sido objeto de denuncia en el marco del Convenio de Asistencia sanitaria. “El sector asegurador está arrinconando de manera interesada a las asociaciones de clínicas y hospitales privados consiguiendo que muchos lesionados se queden sin tratamiento médico tras sufrir lesiones en un accidente de tráfico”, ha apostillado.
“Con casi un año de retraso se ha procedido a la actualización de las bases técnicas del baremo de tráfico, pero lamentablemente no se va a conseguir que los grandes lesionados recuperen sus derechos. Estudiando el texto de la actualización recién publicada estamos viendo que algunas actualizaciones incluso pueden perjudicar económicamente a algunos lesionados”, ha declarado Manuel Castellanos.
Otra de las reivindicaciones que ha realizado es la actualización económica de las indemnizaciones correspondientes al año 2022 conforme al incremento real del índice de pensiones, por encima de las previsiones iniciales de UNESPA y de la Dirección General de Seguros.
“Insistimos en la denuncia de la gradual pérdida de nivel adquisitivo de las indemnizaciones que solo se puede solucionar modificando el art 49 del baremo y que las mismas sean actualizadas conforme al I.P.C. real y no por el índice de revalorización de las pensiones como está estipulado actualmente”, ha insistido Castellanos.
RECUPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES
Además, la asociación ha puesto de relieve que en 2022 se ha logrado modificar el Código Penal “subsanando errores pasados permitiendo que las víctimas de accidentes puedan acudir a la Jurisdicción Penal en reclamación de sus daños y perjuicios, evitando los archivos masivos que se estaban produciendo”.
ANAVA-RC aplaude la reforma, sin embargo, da la voz de alarma “en la deficiente formación que la Administración de Justicia ha ofrecido a los médicos forenses de los Juzgados Penales que, hoy por hoy, en sus informes de sanidad, perjudican a las víctimas por el desconocimiento del baremo o por la influencia que ha tenido en sus valoraciones el sector asegurador”.
Según han denunciado los abogados, “cumplidos seis años de la entrada en vigor del nuevo baremo, se constata que hoy en día ser una víctima de un accidente convierte la reclamación de sus derechos en un camino largo, tortuoso, caro, y lleno de trabas, sin que exista una consciencia en la Administración del Estado y de Justicia que deben de ser especialmente protegidos en vez de complicarles la labor de reclamación de sus derechos”. “Da la sensación que no solo se han olvidado de las víctimas, si no que ha intentado hacer una mordida, por vía de impuestos, a las indemnizaciones a través del IRPF, ha remachado.
“Para el próximo año y con unas elecciones generales a la vista contactaremos con los diferentes partidos políticos para que nos ayuden a conseguir un régimen de costas procesales beneficioso para las víctimas, un incremento de los intereses moratorios por el incumplimiento de las obligaciones del sector asegurador y una dirección general de seguros que sea un verdadero regulador con poder sancionador real, efectivo y transparente”, ha concluido Castellanos.
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