Reclaman que se cuente con los representantes de los centros, de las familias o los profesores para diseñar esta iniciativa
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Asociaciones de padres y madres y de centros educativos han valorado positivamente la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y aprobada este martes en Consejo de Ministro, que marca como uno de sus objetivos formar a las familias, incluyendo padres, madres, abuelos, tíos y otros cuidadores, para promover la cultura del buen trato y prevenir la violencia contra la infancia.
“La formación la tiene que realizar personal especializado, psicólogos o trabajadores sociales, personas que estén preparadas y no cualquier profesor”, ha señalado a Europa Press la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), María Capellán.
La presidenta de CEAPA cree que recibir esta formación será algo voluntario, aunque considera que la mayoría de familias “estarán dispuestas” a recibirla, aunque los padres que tengan conductas violentas “serán reacios”.
Con la finalidad de que la mayoría de familias reciban estas pautas para prevenir la violencia contra la infancia, Capellán ha propuesto incluir las formaciones en las tutorías, en las que el tutor estaría acompañado por un experto. “Es una forma de que esos padres violentos accedan y que vayan sin que se sientan señalados”, ha precisado.
Así, ha instado a que, en vez de realizarse una tutoría por trimestre como está estipulado por ley, cuando vaya a comenzar el curso se informe de que va a haber cuatro tutorías que también incluirán esa formación. “Así no se escaquean los padres”, ha apuntado.
La presidenta de la organización considera esta iniciativa “estupenda” ya que piensa que es necesario formar a las familias en este sentido. “Ni siquiera las que estamos metidas a estos niveles como el mío estamos preparadas adecuadamente en estos temas”, ha afirmado Capellán, quien ha apostado porque las consejerías se pongan en contacto con las federaciones de padres y madres.
En la misma línea, la directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Elena Cid, ha valorado “positivamente” todas las medidas y pasos que se den para seguir avanzando en la protección a la infancia, erradicar y prevenir la violencia y salvaguardar su bienestar.
Por ello, ha incidido en la importancia de que desde los colegios “se hagan esfuerzos en esta dirección”. “Debemos velar para que sean espacios seguros de aprendizaje y convivencia para los alumnos, es donde pasan gran parte de su vida diaria y también es su principal espacio de socialización”, ha apostillado.
En este punto, Cid ha afirmado que desde los colegios privados, tanto docentes como departamentos de orientación “trabajan activamente para concienciar, educar y promover iniciativas que prevengan cualquier forma de violencia”. Para ello, la formación del profesorado, la colaboración con las familias y la máxima vigilancia en la escuela “son aspectos clave”.
Administraciones, centros y familias tienen, según ha indicado la directora general de CICAE, “el reto por delante de detectar e intervenir en cualquier situación que menoscabe la integridad del menor, teniendo también en cuenta el desafío que la tecnología, las redes sociales y las nuevas vías de comunicación suponen también en este ámbito”.
CONTAR CON LOS REPRESENTANTES DE COLEGIOS, FAMILIAS Y PROFESORES
El secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, también ha trasladado su apoyo a “toda iniciativa encaminada a erradicar cualquier tipo de violencia contra niños o jóvenes”, algo que considera “imprescindible” y que han “hecho siempre” en sus centros.
No obstante, ha matizado que el “problema que suelen tener” este tipo de estrategias es que “se diseñan sin contar con los representantes de los centros, ni de las familias o de los profesores, que son quienes tienen que aplicarlas”.
Asimismo, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que “no existe coordinación entre Administraciones públicas”. Concretamente, ha recordado que tanto la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia como esta estrategia nacen del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, aunque contiene medidas destinadas a los colegios, el Ministerio de Educación y Formación Profesional “no ha participado, ni hay recursos para poner en marcha elementos como el Coordinador de Bienestar y Protección que tiene que existir en cada centro”.
La formación a las familias para prevenir la violencia infantil es, a juicio de Escuelas Católicas, “esencial” y debería hacerse “de manera colaborativa, siguiendo una elemental coherencia” y que su impartición “corresponda a los servicios de orientación, tutores y trabajadores sociales”. “Nos tememos que en la práctica será muy dispar, dependiendo de las comunidades autónomas. Desconocemos si se darán indicaciones necesarias para impartirla”, ha dicho.
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