Sánchez Haro invita a “enriquecer una norma que beneficia a toda la sociedad andaluza”
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha informado en el Parlamento andaluz del proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería, que ha iniciado su tramitación legislativa y ha comenzado el proceso de enmiendas de los grupos políticos. Durante su intervención, el consejero ha asegurado que la futura norma “beneficiará a toda la sociedad andaluza”, por lo que ha apelado a todos lo grupos políticos para consensuar una norma que ha contado en su elaboración con una gran participación de todos los agentes y colectivos interesados, que han presentado más de 770 aportaciones al texto.
El representante del Gobierno andaluz ha recordado que se trata de una ley viva, capaz de dar respuesta a los retos actuales y venideros, por lo que va a estar en permanente actualización a través de organismos de interlocución y participación como el Consejo Asesor Agrario, el Consejo Agroalimentario y el Foro Andaluz de la Cadena Agroalimentaria. En este sentido, ha invitado a que se siga “enriqueciendo el texto en los correspondientes debates en comisión para que la Ley de Agricultura y Ganadería, y en definitiva nuestro sector, cuente con el respaldo de todos los grupos políticos”.
“El futuro de nuestro sector es también el futuro de la sociedad andaluza, y por tanto nuestro campo, nuestra sociedad y esta ley necesitan el apoyo que hace dos semanas le brindaron casi todos los grupos políticos, incluido el del Partido Popular, que fue el único que votó en contra de la Proposición No de Ley para defender una Política Agrícola Común (PAC) sin recortes, que devuelva a Andalucía lo que el Gobierno del PP le arrebató, más justa y equilibrada”, ha subrayado Sánchez Haro.
Durante su intervención, ha enumerado algunas de las ventajas que reportará la Ley de Agricultura y Ganadería que, ha añadido, marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. Entre sus principales objetivos, ha destacado el empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales.
Para ello, el documento incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, ya que por primera vez “se dignifica a nuestros agricultores y ganaderos a través de una ley”, y la protección del suelo agrario, con medidas para su mantenimiento a través de la vigilancia y control de su infrautilización o degradación, ha asegurado el consejero.
Asimismo, ha resaltado el impulso a la recuperación y gestión de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal, la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial y la dinamización del mercado de tierras.
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