CEUTA, 15 (EUROPA PRESS)
El senador designado por las Cortes de la Comunidad Valenciana Carles Mulet (Compromís) ha registrado este martes una pregunta por escrito dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez en la que interpela al Ministerio de Defensa sobre por qué consiente que el nombre del dictador Francisco Franco, “autor del golpe de Estado” de 1936, siga siendo exaltado como “héroe” de La Legión en el frontispicio del acuartelamiento de Serrallo-Recarga de Ceuta.
En la iniciativa parlamentaria, consultada por Europa Press, el parlamentario denuncia que esa “especie de gradería” es un “horror” con forma de “homenaje a Francisco Franco o a Millán Astray”. “Se trata, al ser un acuartelamiento, de un edificio público, y contraviene lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática”, advierte.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, prevé viajar a la ciudad autónoma este jueves más de 25 años después de que lo hiciese por última vez en 1996 un titular de ese departamento, pero fuentes de la Comandancia General Militar (Comgeceu) han avanzado que el cuartel de Serrallo-Recarga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997, no figura entre los que tiene previsto visitar.
El inmueble cuenta con una especie de pedestal en su parte baja en el que se homenajea como “héroes” de La Legión tanto a Franco como a Millán Astray (que “participó del sistema represivo y la Dictadura”, según recuerda el senador), al cabo Suceso Terreros y al teniente coronel Valenzuela.
La Comgeceu ha asegurado que, aunque varios operarios han probado este lunes cómo quedaría una bandera nacional sobre sus nombres, “no se va a tapar nada de ningún monumento por la visita de la ministra”. A su juicio, el podio de Serrallo sí “requiere ser remozado en cuanto a albañilería, jardinería y pintura desde hace mucho tiempo”, aunque con respecto a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática la Comandancia ha dicho que “cumpliremos lo que se nos ordene” y que “no está previsto actuar hasta que se reciban instrucciones”.
La nueva legislación que entró en vigor hace menos de un mes establece que cuando haya “elementos contrarios a la memoria democrática” ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos “serán responsables de su retirada o eliminación”.
Se consideran “elementos contrarios a la memoria democrática” las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y “cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” en los que “se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
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