JJpD defiende la necesidad “de modernizar los delitos contra el orden público” y FJI descarta valorar el contenido de la reforma
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha destacado este viernes la “intención política” detrás de la derogación de la sedición promovida por el Gobierno, mientras que la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido que la modificación legislativa no cree “espacios de impunidad”.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han defendido la necesidad de “modernizar los delitos contra el orden público” y, a su vez, Foro Judicial Independiente (FJI) ha descartado entrar en el contenido del texto recordando que las leyes “tienen que reflejar el sentir mayoritario de la sociedad expresada en el Parlamento”.
Estas reacciones de las asociaciones judiciales llegan después de que PSOE y Unidas Podemos hayan registrado este viernes la proposición de ley orgánica en la que proponen derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente– e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha mostrado su preocupación acerca de que la pretendida derogación no se haya propuesto “estudiando qué se quiere mejorar y asegurándose de que la nueva regulación incorpora esa mejora”.
“Nos preocupa que una reforma del Código Penal no se haga con perspectiva hacia el futuro. Que se tenga en cuenta cómo va a quedar regulada, porque si no tenemos esa precaución nos encontramos con que dentro de 5 o 50 años una determinada conducta muy grave puede no estar prevista y ser impune”, ha advertido.
Vaquero ha incidido en que no se debe modificar la ley “pensando en lo que sucedió en 2017 en Cataluña”, sino también pensando qué puede suceder en el futuro. Así, y aunque cree que habría que estudiar la “letra pequeña” de la reforma, ha avisado sobre una posible falta de herramientas ante “determinadas circunstancias”.
UNA INICIATIVA ENMARCADA “EN UN CONTEXTO POLÍTICO COMO EL ACTUAL”
Para Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la APM, realizar una valoración del contenido del texto sería hacer un “ejercicio especulativo”. No obstante, considera que es “obligado enmarcar este tipo de iniciativas legislativas en un contexto político como el actual”. “A nadie se nos escapa que entramos en un año electoral de altísimo voltaje”, ha explicado en declaraciones a esta agencia de noticias.
Carbonero, que ha insistido en que este movimiento es “una cuestión de oportunidad política”, ha descartado entrar al fondo hasta no conocer “lo que quiere hacer el Gobierno”. “No es bueno ni debemos hablar de cuestiones que entran dentro de la función propia de otros poderes, pero podemos subrayar que este tipo de proyectos se insertan en contexto político muy claro y concreto”, ha zanjado.
El integrante del Secretariado de JJpD, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha sostenido que la derogación planteada por el gobierno viene como consecuencia “de la necesidad de modernizar los delitos contra el orden público, cuya regulación data del siglo XIX y está completamente anticuada”.
UNA NECESARIA ACTUALIZACIÓN
Según Rodríguez, las democracias europeas modernas actualizaron la regulación de estas infracciones penales durante la segunda mitad del siglo XX, lo que en España no pudo tener lugar “porque el régimen franquista mantuvo unas previsiones decimonónicas que no se acomodaban a los estándares que exigen los convenios internacionales que ha suscrito España a partir de la Transición”.
La regulación actual en estas materias, según Rodríguez Achútegui, no es semejante a la del resto de los países de la Europa, como acreditan “las dificultades que encuentran los tribunales alemanes o belgas para atender los requerimientos” del Tribunal Supremo para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
“Aunque el tema está sub iudice en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario actualizar un grupo de delitos que tienen una regulación anticuada, y que no responden a los actuales parámetros de garantías de nuestro Estado de Derecho”, ha apostillado.
Por último, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha rehusado entrar a valorar una iniciativa tramitada en el Parlamento en tanto que la misma “no afecta las condiciones laborales” de los magistrados “ni la independencia judicial”.
“No vamos a hacer ninguna valoración especifica porque seria una intromisión y que nosotros valoramos el tema de las reformas legislativas cuando afectan a la independencia judicial o vemos una vulneración de derechos fundamentales. Queremos ser respetuosos”, ha repetido.
No obstante, Portillo si que ha reconocido que los políticos que han impulsado esta iniciativa “tendrán que reflexionar hasta que punto refleja o no el sentir mayoritario” de la sociedad.
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