Advierte que “vulnera las competencias autonómicas” y “afectaría gravemente” a la continuidad de los 53 centros especiales de empleo
MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo murciano ha mostrado este viernes su oposición “frontal” al anteproyecto de Ley sobre incentivos a contratación del Gobierno central, ya que “vulnera las competencias autonómicas en materia de políticas de empleo” y “afectaría gravemente” a la continuidad de los 53 centros especiales de empleo que hay en la Comunidad.
Así lo ha hecho saber la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, que ha presentado al Consejo de Gobierno de este jueves las alegaciones que su departamento ha realizado al anteproyecto de Ley que está tramitando el Gobierno central.
Y es que, a su juicio, se trata de un anteproyecto de ley que “vulnera las competencias autonómicas en materia de políticas de empleo, entre las que se encuentran el diseño de los incentivos a la contratación”.
“Entendemos que este anteproyecto de ley se extralimita en las competencias del Estado al fijar los criterios que deben regir los incentivos que pongan en funcionamiento los servicios públicos autonómicos en el ámbito de sus competencias en materia de empleo”, según Miguélez.
Ha lamentado que el anteproyecto “también reduce las bonificaciones íntegras e inmediatas de la cuota empresarial de los centros especiales de empleo”.
En este sentido, ha criticado que este anteproyecto de ley tendría un impacto “muy negativo” para la Región de Murcia, ya que la Comunidad cuenta actualmente con 53 centros especiales de empleo que dan trabajo a más de 2.200 personas en 1.958 personas con discapacidad y 258 sin discapacidad, entre técnicos de apoyo, personal de servicio y otros trabajadores.
Miguélez ha aseverado que la reducción de estas bonificaciones a los centros especiales de empleo “afecta gravemente a su continuidad” y, por tanto, reduce las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad”.
En concreto, ha señalado que el artículo 14 de este anteproyecto “rebaja las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en favor de las personas con discapacidad” y “equipara el empleo protegido de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo con el empleo de personas con discapacidad contratadas en empresas ordinarias”.
Asimismo, ha reprochado que “elimina las bonificaciones a los contratos de carácter temporal de personas con discapacidad, tanto los celebrados en centros especiales como en empresas ordinarias” y “también equipara a la baja las bonificaciones”.
Por tanto, ha señalado que esa reducción de las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad “carece de toda justificación y va a afectar gravemente a la contratación de este colectivo al convertirse en un elemento de desincentivación para la contratación”.
Además, ha advertido que la “reducción tan significativa de las bonificaciones a la Seguridad Social para los centros especiales de empleo y las entidades asimiladas pondría en riesgo su propia viabilidad económica y sostenibilidad, con la consiguiente pérdida de trabajo de personas con discapacidad que trabajan en ellos”.
Por ello, el Gobierno de la Región se opone “frontalmente” a esta regulación y ha afirmado que “está y estará” junto a las entidades que representan los intereses del colectivo de personas con discapacidad, apoyando cada una de sus alegaciones.
En concreto, ha mostrado su respaldo a las alegaciones presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Grupo Social ONCE, de Fundown y de la Confederación Española Empresarial de Economía Social (CEPES).
El Gobierno regional mandó su documento al Ministerio este miércoles, cuando finalizaban los diez días de plazo para poder formular las alegaciones.
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