MÉRIDA, 10 (EUROPA PRESS)
El 55% de los incendios registrados en Extremadura del 1 de enero al 30 de septiembre de este año han sido intencionados, el 35% por negligencias y el 5% provocados por rayos. En este período se han quemado 10.961 hectáreas (la mayor cifra desde 2015 cuando se quemaron 12.719), 7.000 de ellas en solo tres incendios registrados este verano Ladrillar, Casas de Miravete y Santibáñez el Alto, en una campaña de peligro alto “muy dura y con un episodio en julio que ha sido el de mayor virulencia y peores efectos desde 2003”.
Los datos los ha ofrecido este jueves la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, que ha comparecido en la Asamblea para informar a petición propia de la campaña de Peligro Alto de Incendios en Extremadura.
García Bernal ha recordado que la Época de Peligro Alto de Incendios en Extremadura se declaró el 23 de mayo, diez días antes de los habitual, debido a las elevadas temperaturas y un año hidrológico deficitario en lluvias, que hacían que hubiera mucho pasto y “combustible dispuesto a arder” por ese “escenario enormemente negativo”.
Lo más grave de toda esta campaña se ha registrado en tres incendios, dos de ellos en julio, mes en el que “en tan solo ocho días se ha vivido el mayor episodio de virulencia y peores efectos desde el año 2003” en Extremadura, ha insistido la consejera, en referencia a los focos de Ladrillar (11 de julio) y Casas de Miravete (14 de julio), que han calcinado 3.391 hectáreas y 2.755 hectáreas (398 pertenecientes al Parque Nacional de Monfragüe), respectivamente. A ellos se une el declarado el 10 de agosto en Santibáñez el Alto, que ha afectado a 1.010 hectáreas.
“Solo en ocho días de julio se realizaron 750 horas de vuelo para sofocar esos incendios, cuando la media en todo el período de peligro alto son mil horas”, lo que da una idea de la “dureza” de esta campaña, ha insistido García Bernal, que ha señalado que en esos ocho días de julio se declararon siete incendios de nivel 1 de peligrosidad y dos de nivel 2 en un total de 24 incendios en apenas una semana de julio.
Para dar cuenta de la magnitud de esos incendios hay que recordar que el de Ladrillar se dio por extinguido el 21 de agosto (activo desde el 11 de julio), el de Casas de Miravete el 14 de agosto (activo desde el 14 de julio) y el “incendio intencionado” de Santibáñez el Alto se declaró extinguido el 3 de septiembre, tres semanas después de su inicio.
Al margen de esta campaña de verano, García Bernal ha informado además que del 1 de enero al 30 de septiembre se han registrado 739 incidencias, afectando a 10,961 hectáreas (4.762 de superficie arbolada, 3.742 de matorral y 2.457 de pastos), con 31 incendios declarados de nivel 1 y tres de nivel 2.
En cualquier caso, ha destacado que ha sido “el verano de la solidaridad”, recordando la coordinación “por primera vez” de un solo mando para incendios registrados en las provincias de Salamanca y Cáceres, la colaboración del ejército a manos de la UME, y la labor profesional de todas las instituciones, vecinos y los 852 efectivos del Infoex, con su coordinador Juan Carlos Gómez a la cabeza, que ha afrontado su última campaña de peligro alto dado que se jubilará próximamente, “al que esta tierra le debe mucho y yo no sabe cuánto, no sé si algún día podré explicarle lo que ha supuesto para mí trabajar con el”, porque “sois todos unos héroes, los mejores”, ha recalcado.
“Ha sido una campaña muy dura, y sabemos que los próximos años también lo serán, por lo que debemos estar preparados para ello”, ha subrayado.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Sin embargo, desde las filas del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Mercedes Morán ha criticado que la consejera no se haya referido a la época de peligro bajo de incendios, y concretamente al “despropósito que ha generado la orden para la quema de restos de poda”, una cuestión que “ahora prácticamente necesita un estudio de impacto medioambiental, generando más gastos a los agriocultores, que parece que para la Junta son de segunda, dando un paso más por encima de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, donde los agricultores lo tienen mucho más fácil”.
Respecto a la campaña de peligro alto de incendios, Morán ha calificado la gestión del Gobierno extremeño como “desastrosa, la peor en veinte años, con refuerzos que llegaron tarde, desorganización, falta de previsión en los relevos y falta de avituallamiento”, y ha destacado la labor y la responsabilidad de los profesionales, “a pesar de la falta de medios, de ser pocos y no tener mejoras en sus condiciones laborales”. Morán ha pedido a la consejera que “escuche a los trabajadores y mejore sus condiciones, porque ya es hora”, y ha calificado como “inmovilista” la política forestal de la Junta.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha criticado la falta de “ayudas directas” por parte de la Junta y la “excesiva burocracia” por su parte, porque “ustedes lo han prohibido todo, para cortar una ramita hay que pedir cuarenta mil permisos, y eso hace que nadie se preocupe de los montes”. Además, ha denunciado que en los últimos siete años “sólo se han limpiado algo más de 400 hectáreas en el parque nacional de Monfragüe, que tiene 15.000 hectáreas, por lo que es un milagro que solo se hayan quemado 398”. A este respecto, ha abogado por la utilización de la biomasa para prevenir incendios.
A este respecto, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha indicado que “lo que ha sucedido este verano nos tiene que servir para sacar reflexiones y estar mejor preparados para el futuro”, mientras ha reclamado “una nueva política forestal que haga que los montes estén vivos y los pobladores rurales se impliquen”. Además, ha señalado que los trabajadores “no estaban preparados en el momento de la declaración de peligro alto el 23 de mayo, ya que los trabajadores de refuerzo se incorporaron el 16 de junio”, y ha reclamado “una categoría forestal que haga justicia a los bomberos forestales” y medidas para afrontar incendios en plantas termosolares.
Sin embargo, para el PSOE extremeño, Extremadura “es un ejemplo” en materia de política forestal, con una “labor encomiable, donde se han invertido casi 200 millones de euros en política forestal, por lo que no se puede dudar de ese compromiso”, ha reiterado el diputado Eduardo Béjar Martín.
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